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Temen que se quede en minireforma; el Gobierno hace de 'poli bueno y poli malo'

Los empresarios prefieren 'decretazo' del Gobierno para zanjar la reforma laboral

Los empresarios prefieren 'decretazo' del Gobierno para zanjar la reforma laboral

> Termina sin acuerdo la última reunión de la Mesa para la reforma laboral
>'Rifirafe' entre Salgado, Sebastián y Corbacho, sobre los plazos de cierre de la negociación y la aplicación de un decreto
>Salgado dice que se aprobará antes de que termine junio

lunes 31 de mayo de 2010, 15:52h
El 31 de mayo era el límite que, en principio, marcó el Gobierno para llegar a un pacto sobre la reforma laboral, pero el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dado una tregua de "algunos días" al diálogo social, que cierra este lunes, de nuevo sin acuerdo, la reunión. Los ministros Salgado y Sebastián han afirmado que se hará por decreto, publicable en el Consejo de Ministros del 11 de junio, la opción preferida por los empresarios.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, después de inhibirse en las últimas semanas porque prefería un acuerdo pilotado por los agentes sociales, se incorporó el sábado a la mesa del diálogo, para intentar impulsar la negociación, cuyo desarrollo no hace prever un desenlace satisfactorio, según los sindicatos.

Estos ya han adoptado una actitud beligerante con amenaza incluida de huelga general, tras constatar que desde la patronal se llegó a afirmar que la mesa podía llegar a reunirse hasta agosto "si hacía falta", si no se aceptaban las propuestas empresariales, según laa fuentes consultadas por este diario.

Precisamente el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, subrayó esta mañana que es "muy difícil" que los sindicatos acepten pactar una reforma laboral para aplacar las exigencias de la UE y los mercados internacionales, por lo que auguró que "lo más normal es que el Gobierno tenga que asumir una reforma "intensa". Se entiende por el interés que tienen los empresarios en que las reformas planteadas, -abaratamiento del despido, reformas en la contratación temporal y si es posible, mayor flexibilidad en la negociación colectiva- se plasmen en un decreto ley, que no necesitaría el visto bueno de los sindicatos.

Y es que, tras varias advertencias desde Bruselas por el retraso que en materia laboral presenta el Ejecutivo español, ha sorprendido la emergencia y celeridad que ha mostrado el Gobierno en las dos últimas semanas, frente a la lentitud desesperante desde que se pusier sobre la mesa hace año y medio.

La rebaja de las cotizaciones sociales, una vieja reinvindicación de la CEOE, ha sido aparcada por los propios empresarios ante la escasez de futuros ingresos fiscales con los que paliar un hipotético descenso de cotizaciones a la Seguridad Social, algo que además el ministerio de Economía y Hacienda  presidido por Elena Salgado no está dispuesto a asumir.

Durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios y Encuentro Empresarial del Instituto de Empresa Familiar, Salgado ha asegurado este mismo lunes que el Gobierno prevé aprobar dicho decreto en el "muy corto plazo", pero no concretó si será en la primera o la segunda mitad del próximo mes. "El Gobierno está apurando el plazo, haciendo todos los esfuerzos, para conseguir que haya un acuerdo y, si no, lógicamente tendrá que actuar en solitario", dijo Miguel Sebastián, su homólogo en Industria, en declaraciones a la prensa antes de presidir el Consejo de Telecomunicaciones de la UE.

Otra reunión sin acuerdo

La clausura de la reunión de este lunes sin acuerdo hace pensar que sindicatos y patronal han tirado la toalla por diferencias irreconciliables en la reforma, confiados en que el Gobierno cierre, aunque sea en falso, una "minireforma para salvar la cara", como explican desde fuentes empresariales.

Esta minireforma constaría de un acuerdo básico en el coste del despido -la rebaja de los días de indemnización a pagar por despido, de 45 a 33,- y algún retoque en el contrato temporal, para extender y flexibilizar su uso a más sectores de empleo.Quedaría fuera la rebaja de cotizaciones sociales y la flexibilización de la negociación de los convenios colectivos. En este punto, el Gobierno ya cree que la reducción de salarios a los funcionarios va a impactar a la baja en la negociación salarial del sector privado.


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