Después de muchas discrepancias políticas con la conocida como 'ley trans', incluso dentro de la coalición, la normativa ha salido finalmente adelante en el Congreso de los Diputados.
La ley, impulsada por el Ministerio de Igualdad, reconoce la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales desde los 12 años, aunque exige la intervención del juez cuando el menor tenga menos de 14 años.
A partir de los 16 no se fijan requisitos y entre esa edad y los 14 basta con la asistencia de padres y tutores.
Esta fue una de las cuestiones que más controversia generó, de hecho abrió un cisma entre algunos miembros de la coalición. Carmen Calvo, del ala socialista, fue una de las más críticas con esta ley y de hecho se ha abstenido en la votación.
188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones
El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados por 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. El texto continúa ahora su tramitación y es remitido al Senado.
El texto al que ha dado luz verde la Cámara Baja coincide con el dictamen emitido por la Comisión de Igualdad en su sesión del 12 de diciembre, tras ser rechazadas las enmiendas vivas que los grupos parlamentarios habían mantenido para su debate y votación en Pleno.
El proyecto de ley, que se articula en 77 artículos estructurados bajo un título preliminar y otros cuatro Títulos, más un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales; tiene entre sus objetivos, según la exposición de motivos, "desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales erradicando las situaciones de discriminación".
Asimismo, la iniciativa se define como "la garantía de los derechos" de las personas LGTBI ya que "remueve los obstáculos que les impiden ejercer plenamente su ciudadanía". Concretamente, se regula el procedimiento y requisitos para la rectificación sobre el sexo y nombre de las personas en los registros de los ámbitos públicos y privados, entre otras cuestiones.
Una ley para la protección del colectivo LGTBI
El Título I se dedica a la "Actuación de los poderes públicos" y define sus criterios y líneas generales de actuación y las "políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI". Entre dichos artículos encontramos el "deber de protección", la "integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBI" y la regulación del "Consejo de Participación de las Personas LGTBI".
Por su parte, el Título II se refiere a las "medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans" y define las políticas para el colectivo 'trans': "procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo", la "estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans", la "atención sanitaria integral a personas trans" o los "protocolos de atención al alumnado trans contra el acoso transfóbico".
Por último, en los Título III y Título IV se abarcan la protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por la LGTBIfobia así como las infracciones y sanciones. A lo largo de sus disposiciones finales, el Proyecto de Ley recoge modificaciones y derogaciones de artículos del Código Civil y otra legislación vigente.
Informe de ponencia y votación en comisión
Durante la fase de ponencia se incorporaron 21 enmiendas al articulado y dos enmiendas transaccionales. Entre las modificaciones incluidas, el Ministerio de Igualdad velará por la coordinación entre las estrategias estatales para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.
En el marco de las medidas en el ámbito laboral, "se fomentará la formación especializada para el personal de inspección", con objeto de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos a la igualdad de trato y no discriminación de las personas trabajadoras LGTBI.
Además, en el Artículo 54 se añade un nuevo apartado en el que el Ministerio de Sanidad "velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento".
También se ha reconocido la "no patologización" como principio en la atención a la salud de las personas intersexuales y en el marco de los efectos de la rectificación de la mención registral, se ha establecido que cuando pase del sexo masculino al femenino podrá beneficiarse de las medidas de acción positiva "para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral".
Se añade también una disposición adicional segunda para la "igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda" en la que "las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas adecuadas y eficaces que tengan por
objeto promover y garantizar la igualdad de trato y prevenir, corregir y eliminar toda forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley en materia de acceso a la vivienda".
Se elimina la disposición adicional séptima por la que los jueces y tribunales, de conformidad con la legislación procesal, podían "aplicar cualquiera de las medidas de suspensión o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de Internet" que contempla la ley Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El dictamen aprobado por la comisión incluye el informe de la ponencia y 5 enmiendas transaccionales y más de una treintena de enmiendas al articulado de diversos grupos parlamentarios, fue dictaminado por la Comisión de Igualdad por 21 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. El resto de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios han sido rechazadas.
Sigue su camino en el Senado
Tras su aprobación en Pleno, el proyecto de ley se remite al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno.
La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, enmendarlo o aprobar un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.
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