El Gobierno asumirá todos los pagos esenciales de la Generalitat y ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad que garantice que no se van a desviar fondos al referéndum. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo catalán. Se trata, dijo, de un mecanismo "de control de pagos novedoso" en términos de la "intervención del Estado", ya que no se había adoptado nunca antes.
La Generalitat consideró que esta decisión supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás", y anunció una "batalla jurídica" en el Estado y en la UE contra esta medida. Según el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonés, la decisión adoptada por el Gobierno es "ilegal", porque no tiene "amparo legal". Aragonés garantizó que este mes la Generalitat se hará cargo del abono de las nóminas de los funcionarios catalanes, y que se atenderán todos los pagos previstos.
En esta línea, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, afirmó que intervenir las finanzas de la Generalitat "equivale a aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender y liquidar la autonomía". No obstante, subrayó que esto "no impedirá el avance hacia la plena soberanía de Cataluña".
Antes de que el Consejo de Ministros aprobara la decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para informarle. Sánchez trasladó al presidente el apoyo del PSOE "en defensa de la ley y del Estado de derecho". También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, respaldó las nuevas medidas, después de que Rajoy le informara durante una conversación telefónica.
El Gobierno pagará directamente "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios, con cargo a los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes de financiación autonómica. El ministro añadió que esta medida se prolongará el tiempo que dure la "situación de excepcionalidad" que han provocado los dirigentes de la Generalitat con la convocatoria de un referéndum ilegal y mientras éstos "se sigan negando a cumplir la ley". Montoro quiso dejar claro que esta decisión "no afecta al ejercicio de las competencias". "No asumimos competencias", subrayó, y recalcó que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección Ciudadana y Educación.
Todos los diarios destacan la decisión del Gobierno. LA RAZÓN define la medida adoptada como "155 económico". En su primera, subraya que "el Gobierno ordena a los bancos denunciar los pagos ilegales del 1-O". EL MUNDO resalta que "la Generalitat se queda sin autonomía financiera". En este sentido, EL PERIÓDICO titula: "Suspendida de facto la autonomía financiera". ABC ve la decisión como un ensayo del 155. EL PAÍS y EL PERIÓDICO coinciden en titular que "el Gobierno interviene las cuentas de las Generalitat". Por su parte, EL ECONOMISTA titula: "Montoro, listo para controlar los pequeños gastos de la Generalitat".
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