El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno va a aportar 3,5 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para que pueda seguir con sus actividades a corto plazo después de la retirada de financiación por varios países donantes.
Ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, Albares ha advertido de que se trata de una "organización indispensable" y por ello el Gobierno va a movilizar una partida urgente de 3,5 millones de euros, de la que ya ha informado el viernes al comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini.
El ministro ha destacado la "situación desesperada" que existe en Gaza y ha alertado del peligro de que "en pocas semanas" se tengan que parar las actividades de UNRWA ante la falta de fondos, al tiempo que ha subrayado que esta agencia de la ONU apoya a 6 millones de refugiados palestinos, de los que 3 de cada 4 están fuera de Palestina.
La UNRWA, "más necesaria que nunca"
De esta manera, ha solicitado a los diputados de todos los partidos políticos que durante el debate previsto den su apoyo para "un gran acuerdo para apoyar a UNRWA" cuyo trabajo, ha dicho, "es más necesario que nunca".
También ha mostrado su preocupación por la posible implicación de una docena de trabajadores de esta agencia en los ataques de Hamás y ha puesto en valor que tanto la UNRWA como la ONU hayan comenzado de forma inmediata una investigación. "Lo seguimos muy de cerca", ha añadido.
Suspensión de la ayuda
Fue Israel quien, a finales de enero, había denunicado la supuesta implicación de una docena de empleados de la organización en el ataque de Hamás y otras milicias desde Gaza el 7 de octubre, que acabó con 1.200 muertos y 240 secuestrados.
Tras esto, una docena de países decidieron suspender sus ayudas a la UNRWA. Estados Unidos fue el primer país que suspendió su contribución de fondos, le siguieron Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Austria o Rumanía.
Ha sido la propia ONU la que ha hecho pública esta denuncia y la apertura de una investigación, pero ha pedido que no se pare con la financiación de la agencia, que cuenta con 30.000 trabajadores y de la que dependen 6 millones de refugiados palestinos en Oriente Medio.
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