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Javier Milei, en el despacho presidencial
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Javier Milei, en el despacho presidencial (Foto: Presidencia de Argentina)

El Gobierno de Milei aprobó "por error" una resolución que calificaba de "idiotas" e "imbéciles" a personas con discapacidad

viernes 28 de febrero de 2025, 08:06h

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), adscrita al Ministerio de Salud de Argentina, ha decidido este jueves revisar y ajustar la redacción de una normativa que clasificaba a personas con diferentes grados de discapacidad empleando expresiones como "idiotas", "débiles mentales" o "imbéciles".

Tras el desencadenamiento de una polémica, el organismo atribuyó este lenguaje a un "error" derivado del uso de conceptos anticuados.

"Desde la ANDIS deseamos esclarecer que la inclusión de dichas palabras no tuvo ninguna finalidad discriminatoria, sino que surgió por la utilización involuntaria de una terminología caduca", explicó en un comunicado difundido a través de su sitio web oficial.

Estos términos problemáticos se incluyen en el Anexo de la Resolución 187/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Nación. Este documento establece los 'criterios médicos' necesarios para evaluar la invalidez laboral.

"Retrasos mentales"

En una sección titulada "Retrasos Mentales", la resolución asigna categorías como "idiota", "imbécil" o "débil mental" dependiendo del grado de afectación, determinando que "los casos de debilidad mental severa o avanzada tienen derecho a pensión".

"La Resolución 187/2025 y su correspondiente anexo serán adaptados conforme a las directrices médicas y normativas actuales, asegurando que la terminología empleada esté en línea con estándares internacionales vigentes", destacó el comunicado emitido por la agencia este jueves.

Esta decisión de reformular la normativa responde a una reacción generalizada de repudio desde múltiples sectores sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

7 asociaciones argentinas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya habían interpuesto un recurso administrativo el pasado 3 de febrero.

En él pedían la derogación inmediata de la norma debido a que consideraban que vulneraba los derechos de las personas con discapacidad. Este movimiento anticipó la presión pública que finalmente llevó a la ANDIS a tomar cartas en el asunto.

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