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Ejecuciones de la pena de muerte: Amnistía Internacional denuncia 22.000 condenados en todo el mundo

jueves 12 de abril de 2018, 10:02h
Amnistía Internacional (AI) registró 993 ejecuciones en cumplimiento de la pena de muerte en 23 países del mundo. Aunque esta cifra estimada representa un descenso del 4% respecto a los datos de 2016, la organización pone el foco en aquellos países que aún no han abolido su uso. En su informe anual, AI señala que China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en ese país, pues esos datos están clasificados como secreto de Estado. Excluyendo al país asiático, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.
Ejecuciones de la pena de muerte: Amnistía Internacional denuncia 22.000 condenados en todo el mundo
(Foto: Aimee Castanell )
Aunque se ha reducido el número de ejecuciones mediante la pena de muerte, siguen siendo al menos 23 los países en los que aplica esta condena, de los cuales, China se sitúa como el mayor ejecutor del mundo, de hecho, en la cifra global estimada por Amnistía Internacional, de al menos 993 ejecuciones, no están incluidas los miles de ellas que se cree que se han llevado a cabo en China.

El informe sobre la pena de muerte en el mundo, de Amnistía Internacional, pone en 2017 el foco en el África subsahariana, pese a haber dado grandes pasos en la lucha por la abolición, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte. Guinea se ha convertido en el 20º Estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato. Burkina Faso y Chad ha avanzado también en la eliminación de esta pena, con nuevas leyes o proyectos de ley.

"Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance", ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

La organización ha realizado un análisis exhaustivo en torno al uso de la pena capital en los diferentes rincones del mundo:

América

Por noveno año consecutivo, Estados Unidos siguió siendo el único país de la región de las Américas que llevó a cabo ejecuciones.

El número de ejecuciones (23) y condenas a muerte (41) en Estados Unidos aumentó ligeramente respecto a 2016, pero siguió estando dentro de las tendencias históricamente bajas de los últimos años. Por segundo año consecutivo, y por segunda vez desde 2006, este país no se encontró entre los cinco que más ejecuciones llevaban a cabo en el mundo: su posición en la clasificación mundial bajó del 7º al 8º lugar.

El número de estados de Estados Unidos que llevaban a cabo ejecuciones aumentó de cinco en 2016 a ocho, al reanudar Arkansas, Ohio y Virginia las ejecuciones tras una pausa de varios años. En 2017 cuatro estados —Idaho, Misisipi, Misuri y Nebraska— así como tribunales federales estadounidenses, impusieron penas de muerte, después de un breve paréntesis sin ellas, con lo que el número de estados de EE.UU. que imponen la pena capital ascendió en 2017 a 15 (2 más que en 2016). Kansas, Carolina del Norte y Oregón, que dictaron condenas a muerte en 2016, no lo hicieron en 2017.

Sólo tres países de la región dictaron condenas a muerte: Guyana, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.

Guatemala se convirtió en el país número 142 que abolía la pena de muerte en la ley o en la práctica.

Asia y Oceanía

Se tuvo constancia de que en 2017 se llevaron a cabo al menos 93 ejecuciones en nueve países de la región, lo que supuso un descenso con respecto a las al menos 130 llevadas a cabo en 11 países en 2016. Esta reducción tuvo que ver particularmente con el descenso de la cifra de Pakistán, donde hubo un 31% menos de ejecuciones. Estas cifras no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China.

Singapur duplicó su número de ejecuciones (de cuatro a ocho) en comparación con 2016. Todas sus ejecuciones fueron por delitos relacionados con drogas.

Se dictaron al menos 1.037 nuevas condenas a muerte, un número ligeramente inferior al de 2016. Este menor número se debe a una variación en las cifras de varios países y a la información facilitada a Amnistía Internacional por las autoridades. Las cifras de condenas a muerte en la India, Indonesia, Pakistán y Tailandia, entre otros países, fueron inferiores a las de 2016.

Se registraron aumentos en países como Bangladesh (de al menos 245 a al menos 273), Singapur (de al menos 7 a 15) y Sri Lanka (de al menos 79 a 218).

Se tuvo constancia de que un total de 18 países de la región impusieron condenas a muerte, el mismo número que en 2016. Brunéi Darussalam, impuso una condena a muerte tras no haber impuesto ninguna en 2016; Papúa Nueva Guinea no impuso ninguna condena a muerte en 2017, pero sí lo había hecho el año anterior.

En toda la región de Asia y Oceanía se imponía la pena de muerte en general por delitos que no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos”, contrariamente a lo establecido por el derecho internacional.

Europa y Asia Central

Bielorrusia fue el único país de la región de Europa y Asia Central en el que se llevaron a cabo ejecuciones. En este país se llevaron a cabo al menos dos ejecuciones en 2017 y se impusieron al menos cuatro nuevas sentencias de muerte.

En Kazajistán había un hombre condenado a muerte.

Kazajistán, la Federación Rusa y Tayikistán siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones.

Oriente Medio y Norte de África

En 2017 hubo una ligera reducción en el uso de la pena de muerte. El número de ejecuciones registradas en la región de Oriente Medio y el Norte de África descendió un 1%: de 856 en 2016 a 847 en 2017.

Irán, Arabia Saudí e Irak siguieron siendo los tres países que más ejecuciones llevaron a cabo en la región, con un 92%.

Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en la región. Arabia Saudí ejecutó a 146 personas, el 17% del total de ejecuciones confirmadas en la región.

Se llevaron a cabo al menos 264 ejecuciones por delitos relacionados con drogas (27% de todas las ejecuciones registradas en 2017).

Amnistía Internacional confirmó que en 2017 se impusieron en la región al menos 619 condenas a muerte, lo que significa una disminución respecto a las 764 de que se tuvo noticia en 2016. Egipto impuso al menos 402 sentencias de muerte, la mayor cifra de la región.

África subsahariana

En relación con la pena de muerte se adoptaron medidas positivas en toda el África subsahariana, donde se registró una reducción del número de países que llevaron a cabo ejecuciones.

En 2017 se registraron ejecuciones en dos países (Somalia y Sudán del Sur), frente a los cinco de 2016.

Se llevaron a cabo 28 ejecuciones, 24 en Somalia y cuatro en Sudán del Sur: un ligero incremento respeto a las al menos 22 registradas en 2016.

El número de condenas a muerte disminuyó de al menos 1.086 en 2016 a al menos 878 en 2017.

Nigeria impuso el número más elevado de condenas a muerte, y al terminar el año tenía la cifra más alta de personas condenadas a esta pena en la región.

Guinea abolió la pena de muerte para todos los delitos. Burkina Faso, Chad, Gambia y Kenia hicieron importantes avances hacia la abolición de la pena de muerte.

Tendencias preocupantes

Sin embargo, en 2017 siguieron observándose preocupantes tendencias en el empleo de la pena de muerte.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas. En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 16% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.

Con al menos 21.919 casos conocidos de personas condenadas a muerte en todo el mundo, "no es el momento de relajar la presión", según la organización. Algunos países han dado —o amenazan con dar— marcha atrás, por lo que la campaña contra la pena capital "sigue siendo tan esencial como siempre".

"En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo", señala Sail Shetty.

Españoles condenados a muerte

El Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, español que permaneció en el corredor 16 años. El Tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que está pendiente de celebrarse. En 1994, Pablo Ibar fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En un juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 se le consideró culpable del triple asesinato.

Ante la condena a muerte del español Artur Segarra el 21 de abril de 2017 en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat, Amnistía Internacional declaró su rechazo, ya que la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Asimismo la organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española. Según informaciones recibidas, Ahmed fue detenido y acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016, y durante su detención al parecer no tuvo asistencia letrada, fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada. Amnistía Internacional está documentando este caso.
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