La líder de la ultraderecha francesa y creadora del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, calificó de "arbitraria" la decisión judicial que la inhabilita para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.
En declaraciones a 'TF1', la política ultraderechista aseguró que recurrirá "con urgencia" el fallo que considera un intento de "sabotear" sus aspiraciones políticas cuando aparece como favorita en los sondeos.
Un tribunal parisino impuso a Le Pen 4 años de prisión (2 de ellos conmutables por arresto domiciliario con brazalete electrónico), multa de 100.000 euros y 5 años de inhabilitación.
La sentencia condena el desvío de 2,9 millones de euros del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. Según los jueces, contrataron asistentes parlamentarios que en realidad trabajaban para el partido, imputándose personalmente a Le Pen el mal uso de 474.000 euros.
"Millones de franceses quedarán privados de su candidata preferida sin posibilidad de apelación efectiva", denunció la líder ultraderechista, quien insistió en su inocencia: "No hubo enriquecimiento personal ni corrupción". Aunque técnicamente puede recurrir, la inhabilitación tiene efecto inmediato, lo que complica su participación en los comicios.
Repercusiones políticas y alternativas
Consultada sobre si Jordan Bardella, su mano derecha en Agrupación Nacional, podría sustituirla como candidato, Le Pen elogió a su delfín pero afirmó: "Soy combativa y no me rendiré".
También descartó optar a la jefatura de gobierno -cargo no electo para el que no estaría inhabilitada- alegando que no está "mentalmente preparada para someterse".
La condena llega en momento crítico para Agrupación Nacional (RN), que lideraba las encuestas para 2027. Le Pen tachó el proceso de "parcial" y advirtió: "Hoy es un día funesto para nuestra democracia". La política aseguró que el recurso demostrará la debilidad de los argumentos judiciales, aunque reconoció las dificultades por los plazos procesales.
El fallo judicial señala la existencia de un "sistema organizado" donde los asistentes parlamentarios "rotaban entre eurodiputados" sin realizar labores propias de la Cámara Europea. Le Pen mantiene que los contratos fueron legítimos y que el mecanismo de apelación existe precisamente para corregir "errores judiciales".
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