El asedio a la Franja de Gaza por parte de Israel continúa siendo el principal tema de debate en la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.
En un esfuerzo coordinado, el Grupo de La Haya, una alianza internacional encabezada por Colombia y Sudáfrica, organizó este viernes un encuentro con otros 32 países para coordinar un plan de acción que "ponga fin a la impunidad" de Israel.
El propósito es imponer sanciones por la grave devastación en el enclave.
Además, España y 11 naciones más acordaron una iniciativa de financiación para la Autoridad Palestina, el Gobierno que administra zonas limitadas de Cisjordania.
La meta es que dicho Gobierno pueda continuar su labor en pro de la paz, la estabilidad y la seguridad en la región, y avanzar hacia una solución de 2 estados.
Protesta durante el discurso de Netanyahu
El evento del Grupo de La Haya, de carácter ministerial, tuvo lugar de manera simultánea al discurso de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como señal de protesta y rechazo a las acciones israelíes contra la población gazatí, numerosos delegados de diferentes países se levantaron y abandonaron la sala durante la intervención del líder israelí.
Un total de 34 naciones, entre las que se incluyen España, Irlanda, Noruega, Turquía, Jordania, Arabia Saudí, México, Chile, Brasil y Qatar, expusieron un conjunto de medidas de tipo legal, diplomático y económico. Según un comunicado emitido por el Grupo de La Haya, el objetivo de estas acciones es "la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas".
Entre las medidas propuestas, los 34 países resaltaron la prohibición de exportaciones e importaciones de armamento para uso militar dirigidas a Israel. También se abordó el rechazo de que los envíos de armas de terceros países hagan escala en sus puertos. Las naciones solicitaron revisar los contratos públicos para evitar el financiamiento a instituciones que apoyen "la ocupación", exigir el fin de "la impunidad" ante la Corte Internacional de Justicia e imponer un embargo energético a Israel.
Obligaciones vinculantes
El Grupo de La Haya enfatizó que estas propuestas no deberían ser "opcionales", sino "vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas".
En una declaración conjunta, los países que lideran la iniciativa, Colombia y Sudáfrica, afirmaron: "La elección que cada Gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento [del derecho internacional]. La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos".
El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, también estuvo presente en la reunión. Mansour indicó que este plan podría significar un "punto de inflexión" para que se logre "la rendición de cuentas" por parte de Israel, lo que calificó como un "paso previo y fundamental para hacer justicia" con el pueblo palestino.
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