Un grupo de congresistas peruanos de izquierdas, en minoría en el Legislativo, ha presentado una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral" para seguir al frente de la jefatura del Estado.
En el documento, que ha sido firmado por 26 parlamentarios, esgrimieron como argumento para su destitución que Perú "está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte".
"Se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar de que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar", continúa la misiva.
El grupo de parlamentarios ha justificado su decisión señalando a la mandataria como responsable de las muertes que se vienen produciendo en Perú a causa de las manifestaciones, según ha informado la emisora 'RPP'.
La presentación de una moción de este tipo debe contar, cuando menos, con la firma de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.
La iniciativa, presentada por la congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi, ha sido respaldada por algunos de sus compañeros de bancada como Guillermo Bermejo o la ex primera ministra Betssy Chávez.
Además, entre otros firmantes se encuentran los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán e Isabel Córtez de Cambio Democrático; Alex Flores y Waldemar Cerrón de Perú Libre; o Víctor Cutipa de Perú Bicentenario.
Más de 60 muertes desde el inicio de las protestas
El pasado 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe de Estado, comenzaron unas protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con fuerza.
Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, y un policía fue quemado vivo. Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.
Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente "carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú".
Esa situación, a su juicio, "puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos", por lo que ha instado al Estado "a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho".
La ONU pide que se investiguen las muertes
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a las autoridades peruanas "que lleven a cabo investigaciones rápidas, efectivas e imparciales" de las muertes registradas en las protestas en el país, que duran ya varias semanas.
En un mensaje emitido por su portavocía, ha pedido además "que se evite la estigmatización de las víctimas", además de reiterar su "gran preocupación" por la situación en el país y por el número de muertes producidas.
También ha solicitado específicamente a las autoridades "que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos", y reiteró que las medidas de suspensión del derecho de reunión pacífica "deben limitarse a lo estrictamente requerido por la situación y ser coherentes con otras obligaciones del derecho internacional".
El llamamiento de Guterres contenía además una frase que parece dirigida a los manifestantes, cuando dice que "las protestas deben desarrollarse de manera pacífica, respetando el derecho a la vida".
El Secretario General subrayó igualmente que es fundamental "generar las condiciones para un diálogo significativo e inclusivo" que permita abordar la crisis actual.
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