El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que los clientes engañados al comprar un vehículo con el motor trucado para simular menos emisiones contaminantes de las de verdad, el escándalo conocido como 'dieselgate', tienen derecho a ser indemnizados por los fabricantes del automóvil.
La Justicia europea ha respondido con este dictamen a una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal alemán respecto a la demanda por daños y perjuicios que un particular ha presentado contra el grupo Mercedes-Benz y las posibilidades de indemnización o compensación limitada.
Certificado de conformidad obligatorio
En la sentencia, sigue las conclusiones que el abogado general había publicado en junio de 2022 y se señala que "el comprador de un vehículo de motor equipado con un dispositivo de desactivación ilícito goza del derecho a ser indemnizado por el fabricante de automóviles cuando dicho dispositivo haya causado un daño a ese comprador". Así se lee en un comunicado de prensa donde se hace referencia a la sentencia mencionada.
Además, la sentencia ha considerado que la directiva marco sobre la homologación de motores de automóviles establece un vínculo entre fabricante y comprador porque el fabricante, en el momento de la transacción, debe dar un certificado de conformidad obligatorio que acredita, entre otras muchas cosas, que el vehículo cumple todas las normas de la Unión Europea en el momento de su fabricación. Este certificado, según el fallo, protege al comprador frente al incumplimiento por parte del fabricante con respecto a la legislación comunitaria.7
Asimismo, el Alto Tribunal ha señalado que la norma comunitaria protege, aparte de los intereses generales, también "los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante de este cuando dicho vehículo esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido".
Así, los Estados miembros de la UE están obligados a prever que el comprador del vehículo disfrute de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este.
La indemnización corresponde a los Estados miembros
Con respecto a cñomo debe ser la indemnización, el tribunal de Luxemburgo afirma que corresponde a los Estados miembros determinar los criterios para calcularla, pero añade en cualquier caso que la normativa nacional que los estipule "no puede imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de una indemnización adecuada a los daños causados al comprador".
Otro de los requisitos que puede seguir cada país para fijar dichos criterios, añade la sentencia, es evitar que la indemnización "produzca un enriquecimiento injusto de los beneficiarios".
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