Que unos profesionales a los que se supone un nivel intelectual elevado se comporten como niños de colegio es algo difícilmente entendible. Pero son los propios huelguistas quienes lo reconocen.
El pasado fin de semana el doctor Díaz de Terán, dirigente del Sindicato de Anestesistas, explicaba la votación a favor de continuar la huelga indefinida aludiendo al enfado producido por las palabras de la consejera Charo Quintana en su comparecencia parlamentaria.
A confesión de parte … Uno ya sospechaba que más allá de la tabla reivindicativa del Sindicato Médico y del de los anestesiólogos existía un mundo subterráneo donde coincidían, juntos y revueltos, intereses profesionales, particulares, de clase, políticos y personales.
Es ese cóctel, donde se mezclan fines tan distintos, el que provoca que la negociación huelguistas-Administración se parezca a la yenka, el popular baile de los sesenta: un paso adelante, un paso atrás, izquierda, derecha…
Pero que sea la animadversión a la consejera elemento determinante para que algo más de la mitad de los anestesistas de Cantabria sigan en huelga, provocando el agravamiento del deterioro de la prestación sanitaria a los usuarios del Servicio Cántabro de Salud, resulta inconcebible.
Si no les gusta la consejera que no la ajunten, como decíamos en el colegio. O que no la voten. Pero la huelga debe cesar. De la intervención de la consejera Quintana ante la comisión de Sanidad del Parlamento se puede discrepar en todo y en parte.
A mi particularmente me pareció acertada en la forma y en el fondo por estar dirigida a los usuarios del sistema sanitario público y no a los médicos en huelga. A los cien galenos que mantienen la conflictividad no les va a convencer nada ni nadie.
Pero los ciudadanos, los que con nuestros impuestos sostenemos la sanidad pública, tenían todo el derecho a saber qué se ha hecho por evitar la huelga, en primer lugar, y por qué no se ha logrado su desconvocatoria una vez iniciada.
Ahora, con las cosas mucho más claras y las responsabilidades bastante más definidas, es al Gobierno de Cantabria a quien le corresponde poner fin a lo que parece un plan perfectamente diseñado para deteriorar la sanidad pública.
Aunque, a lo mejor, sólo se trata de que no les gusta la consejera Quintana. Sea lo que sea es hora de poner pie en pared y decir basta. Y aplicar la ley. El recurso a un arbitraje, previsto en la legislación laboral, que nada tiene que ver con mediadores, debe ponerse en marcha de inmediato. Y hoy mejor que mañana.
Si (
No(
