Junto a estas cosas, nuevo intento (algunos dicen que electoralista) por parte de la Junta de Andalucía para ampliar el plazo de cierre de Delphi por lo menos hasta pasadas las próximas elecciones (a lo que la empresa respondió al día siguiente con un comunicado en el que confirmaba que sigue adelante el proceso de cerrar la factoría de Puerto Real), con lo que en definitiva ha sido informativamente hablando una “semana apasionante”… en las mismas vísperas de esa Semana de Pasión que tanto nos gusta vivir a los andaluces en general.
Aunque justo es reconocer y distinguir que en ese apasionamiento ha habido un poco de todo y sin duda lo más serio ha sido lo de la muerte provocada de Inmaculada Echevarría, una mujer que después de diez años de vivir conectada a un respirador artificial en un hospital granadino regido por la Orden de San Juan de Dios, aquejada de una distrofia muscular progresiva, pidió ser desconectada del mismo y murió tras ser obedecida, desconexión que no se llevó finalmente a cabo en el mismo hospital sino en uno cercano, llamado de San Juan de Dios pero sin nada que ver con la Orden religiosa...
Horas después, el presidente andaluz Manuel Chaves rechazaba que la acción pudiera ser considerada eutanasia y afirmaba su creencia de que el traslado de última hora no se había debido a la Orden hospitalaria sino a consignas venidas desde el propio Vaticano. Sin entrar en el origen de las mismas, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Cañizares, sí que aprovechó un acto que celebraba ayer para calificar la muerte de Inmaculada como la “consumación” de “una acción de eutanasia o suicidio asistido” y destacar la necesidad de superar la “situación social” de España “si no queremos conducirnos por derroteros de quiebra de humanidad y moral”.
Lo de la detención y posterior puesta en libertad de la mujer de Juan Antonio Roca, su cuñado, una hija y otra mujer que por lo visto se dedicaba a buscar lotería premiada, los dos primeros con fianzas de 90.000 y 60.000 euros respectivamente y los últimos en libertad con cargos, puede que no haya supuesto sino otro aviso de que quedan aún detenciones, quién sabe si sonoras, en la recámara de la autoridad judicial instructora de este caso que al margen del escándalo provocado encierra una maraña difícil de resolver, porque al amago de derribo de las viviendas construidas de forma presuntamente ilegal, algunos de sus propietarios ya han esgrimido datos de que la propia Junta se ha enriquecido con ellas mediante el cobro de unos impuestos que dicen que puede haber llevado a sus arcas unos cien millones de euros en los últimos años.
Y para colmo, viene la Guardia Civil creando esas unidades contra la delincuencia urbanística, especializadas en la lucha de delitos como contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente y al mismo tiempo estén relacionados con el desarrollo urbanístico, de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, de blanqueo de capitales y delitos societarios… todo lo cual se podría traducir en que Marbella existe, sí, realmente, y también su corrupción, pero no es la única ciudad en esta Comunidad Autónoma, porque de Almería a Huelva se extienden denuncias y contra-denuncias por la actuación de los responsables urbanísticos, sean del partido que sean, en casos como los señalados, por ejemplo, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) o Armilla (Granada).
Para terminar, la “anécdota” o quizás el contrasentido de que mientras para la Hacienda Pública cualquier hijo deja de ser “desgravable” a una edad en la que por lo general siguen bajo tutela paterna, los Tribunales ordinarios de Justicia den la razón (aunque admitan que no hay que aumentársela) a un joven sevillano que acudió a ellos protestando de que sus padres, que lo mantienen en su casa, “sólo” le den 150 euros de paga al mes. Y destacamos lo de “sólo” por el hecho de que el Tribunal admite como cierto que el cabeza de familia, actualmente en paro, tiene unos ingresos mensuales de 700 euros y que la familia está formada por padre, madre y otros dos hermanos, pese a lo cual, eso sí, aunque no considera necesario que se le aumente la paga sí se admite que haya que darle 150 euros más anuales para matricularse en la Universidad y otro tanto, también anuales, para material y libros de texto.
Si (
No(
