Alcorcón garantiza la continuidad de un centro para discapacitados

La edil aseguró que el Ayuntamiento "está trabajando para agilizar los pagos" pendientes, por lo que "en ningún momento está en cuestión la continuidad del centro, en absoluto". La portavoz municipal respondió a las afirmaciones realizadas este miércoles por el portavoz del Partido Popular en Alcorcón, Fernando Díaz, quien aseguró que el centro podría cerrar en los próximos días por la deuda de 1.075.993,78 euros que mantiene el Ayuntamiento desde mayo de 2008 con la Asociación la Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes (APANID), entidad que gestiona el centro.

Esta situación fue denunciada, asimismo, el 1 de abril por la Asociación de Padres de Usuarios del Centro Ocupacional de Alcorcón (APUCOA) mediante una carta a sus asociados, en la que informa de la "alarmante situación" que vive APANID "como consecuencia del impago por parte del Ayuntamiento", por la cual la asociación "podría verse obligada a replantearse en el futuro la gestión del centro", una situación que pondría "en grave peligro la continuidad del centro".

"Absoluta tranquilidad" entre los padres
Sin embargo, la concejala de Bienestar Social aseguró que el Ayuntamiento mantuvo una reunión unos días antes de Semana Santa con los representantes de APANID y de APUCOA, "en la línea de colaboración habitual", de la cual tanto los padres como los gestores del centro salieron "con la máxima tranquilidad" de que "no corre ningún peligro" la continuidad de los servicios del Castilla del Pino.

La responsable municipal destacó la inversión de 12 millones de euros que ha hecho el Consistorio para construir el Centro Integral de Atención a la Discapacidad Francisco Sánchez, una inversión "que debería hacer el Gobierno regional".

Por último, Fernández pidió al portavoz del Partido Popular que exija a la Comunidad de Madrid que aplique la Ley de Dependencia "si de verdad quiere defender a los ciudadanos con discapacidad", ya que el Ayuntamiento de Alcorcón ha tenido que invertir tres millones de euros en atención a los dependientes porque el Ejecutivo regional "no aplica la ley".