Como cada año, compareció este jueves en el Congreso el Defensor del pueblo,
Enrique Múgica, para dar cuenta del informe de las actuaciones de la institución que dirige. Es notorio que cada año tienen menos interés las comparecencias de Múgica y los informes del Defensor del Pueblo. En ocasiones, es cierto, Múgica ha conseguido provocar alguna controversia, pero en la opinión pública ya ha calado la impresión de que esa institución no tiene la menor utilidad. Y menos aún por cuanto han aparecido defensores del pueblo locales, autonómicos, que han ido restando interés a lo que pudiera hacer o decir el muy veterano don Enrique.
El año pasado, por ejemplo, suscitó atención su informe sobre los centros para menores y el trato que algunos de tales centros daban a estos muchachos "difíciles". Esta vez, como no podía ser de otro modo, fue reclamada su opinión acerca de los sucesos de Pozuelo, en los que participaron muchos jóvenes y no pocos menores. Enrique Múgica considera que las familias son responsables de la crisis de valores que afecta a los jóvenes y que les lleva a perpetrar actos vandálicos. Múgica se inclinó por imponer una disciplina alejada del autoritarismo. Opina don Enrique que nuestra sociedad todavía no ha aprendido la diferencia entre libertad y libertinaje.
Múgica repartió responsabilidades, pero centró atenciones en los padres: muchos padres consideran que el profesor es culpable de lo que hace el alumno. Casi al mismo tiempo,
Rajoy reiteraba a una cadena de televisión que hay responsabilidad en las familias de lo que hagan los jóvenes. Pero para Múgica es evidente que la práctica del botellón o el empleo del tuteo por los jóvenes hacia los adultos son comportamientos que tienen su origen en las enseñanzas que imparten padres y profesores. La falta de autoridad de tales padres y profesores deriva en una nueva incorrección de respeto, según Múgica.
Por lo demás, lo que se discutió en el Congreso fue el papel mismo y las tareas de la institución. Los grupos políticos se manifestaron a favor de revisar esas funciones y las relaciones de la institución con el Parlamento, una vez que se concluía en que la exposición de cada año del Defensor se queda en eso: datos y estadísticas que no van más allá ni tienen más aplicación. Se propuso en el Congreso una oficina que se encargaría del cumplimiento de las recomendaciones de los informes del Defensor del Pueblo.
Por lo demás, no hay duda de que los sucesos de Pozuelo de hace una semana han provocado un profundo "shock" en la sociedad española, tanto los hechos vandálicos como la actitud que en los días siguientes han mantenido los protagonistas de aquellos incidentes: muchos chavales decididos a repetir botellón e incidentes, e incluso orgullosos de haber participado en "la batalla contra los maderos"; padres que han recurrido la sanción de que sus hijos puedan salir de fiesta en los meses siguientes, policías enfadados por la "amable" actitud de los jueces con los causantes de los disturbios de aquella noche y madrugada... Y división de opiniones entre los opinantes y expertos: ¿quién o quiénes son los responsables de lo ocurrido? ¿La insuficiente fuerza pública, la indisciplina de los chavales, la falta de autoridad de los padres, la falta de prevención de las autoridades del pueblo? Posiblemente algo de cada cosa, sin olvidar el abuso del alcohol, que constituyó la razón básica de buena parte de lo que ocurrió en unas fiestas que no se podrán olvidar en Pozuelo ni en los pueblos y ciudadanos de los alrededores...