El TSJM ve indicios de irregularidades en operaciones urbanísticas de Torrejón de Ardoz

En el documento judicial se afirma que las denuncias interpuestas ante la Fiscalía se refieren a un conjunto de "operaciones de permutas y convenios urbanísticos formalizados por el Ayuntamiento de Torrejón irregulares, por cuanto que las operaciones se vinculan a otras compraventas de terreno". Estas permutas, según el informe benefician a "intereses particulares vinculados de alguna manera a los cargos públicos".

Las denuncias, que fueron presentadas por Del Río el pasado 19 de enero contra el concejal de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, aludían a los convenios urbanísticos firmados entre los años 1996 y 2005 sobre las "parcelas ubicadas en la calle Hierro, Alcatel y Patrimonio Siglo XXI". Todos estos acuerdos, según un portavoz de la plataforma ciudadana, "fueron propuestos por el edil de Urbanismo y firmados por la alcaldesa, Trinidad Rollán, en franco perjuicio de las arcas municipales y han favorecido a diversos constructores muy activos en nuestra ciudad".

Además, la Fiscalía del TSJM acordó la remisión de las denuncias y la documentación al Decano de instrucción de Torrejón de Ardoz para que decida qué juzgado investigará el tema. En opinión de Del Río, este comunicado significa que la Fiscalía les ha dado "la razón" y añadió que esperan que "la Justicia investigue los hechos denunciados y dictamine las responsabilidades a que hubiera lugar".

Para del Río esta decisión supone, además, un éxito" en las denuncias públicas que ha realizado "durante 4 años cuando nadie hablaba de corrupción urbanística y mucho antes de conocerse los escándalos de Marbella". "Me dijeron de todo y me vi obligado a abandonar el partido socialista (PSOE) ante el acoso personal y la prepotencia política que sufrí en mis propias carnes, con agresiones físicas incluidas que se dirimen estos días en el juzgado", aclaró el edil.

La primera de de las denuncias presentadas en enero se basa en una cesión de terrenos mediante permuta en la zona de 'Mancha Amarilla', que se realizó por convenio urbanístico entre el Consistorio y la empresa Patrimonio Siglo XXI en 2001, y que "se llevó a Pleno a pesar de que un informe del secretario calificaba de ilegal la operación", indicó Del Río.

La segunda de ellas se refiere a la recalificación de la parcela de Alcatel, "en la que el constructor se llevó el terreno y le salió un 90 por ciento gratis", subrayó el portavoz. La tercera acusación versa de la propiedad de la calle Hierro, "en la que se favorecieron intereses privados, en contra de los informes de los técnicos municipales", afirmó.