El crecimiento del parque automotor y la insuficiencia del sistema vial de vez en cuando llevan a la autoridades a tratar de darle algún orden, racionalizarlo, hacerlo más eficiente, menos contaminante y tratar de ajustarlo a las necesidades crecientes de la población. Algunos municipios, por ejemplo, han creado normativas sobre el parqueo y otros se aprestan a tomar medidas regulatorias de la circulación vehicular.
Ahora los transportistas vuelven a la carga contra las tarifas de los pasajes vigentes en la actualidad. Asistimos a un forcejeo con el Gobierno, en el que éste les concede exoneraciones a las importaciones de sus insumos, con tal de que el precio de los pasajes no se incremente. Cuando las concesiones no son suficientes, se amenaza con la paralización.
Es hora de que se ejecuten los anunciados planes de solución integral del problema a corto y largo plazos, porque el transporte puede constituirse (y de alguna manera hoy ya lo es) en un freno al desarrollo económico y social del país.
Esos planes duermen el sueño de los justos y sólo salen a relucir cuando surgen situaciones de conflicto de trascendencia política.
Otra vez sufrimos una medición de fuerzas entre autoridades y transportistas. Cada uno busca beneficios; las primeras en lo político, pues en estos tiempos y por encima de todo pesan sobre sus decisiones las encuestas de popularidad. Los segundos persiguen réditos económicos a toda costa. Por desgracia, pocos buscan una salida definitiva al problema, que se ha vuelto enfermedad endémica del Ecuador.