La Fiscalía del TSJCV considera atentado a funcionario público y no a autoridad las agresiones a profesores

Cabedo se pronuncia de esta forma sobre la petición presentada en este sentido por los sindicatos CSI-CSIF, ANPE y STEPV, que dieron lugar a la inoación de un expediente gubernativo. Las dos primeras centrales reclamaban a Fiscalía que en caso de sufrir agresiones, los profesores fueran considerados "autoridad" mientras que el STEPV realizó la misma petición aunque pedía que el delito imputado fuera el de "atentado".

En el decreto, el fiscal jefe explica que el Código Penal castiga como atentado --en los artículos 550 a 553-- a los que acometan a los funcionarios públicos, empleen fuerza contra ellos, les intimiden gravemente o hagan resistencia activa grave, cuando estén ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas.

Asimismo, en el artículo 24 se contempla la figura del funcionario público como la persona que participa en el ejercicio de funciones públicas por disposición legal, por elección o por nombramiento por autoridad competente. El carácter de autoridad --en el mismo artículo-- "se reserva al que por sí o como miembro de órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia".

Por ello, el fiscal jefe del TSJCV señala en el decreto que "cuando se den las condiciones descritas" de agresiones o amenazas "dirigidas contra funcionarios docentes se considerarán atentado a funcionario público y no a autoridad".

En el caso del CSI-CSIF, la presidenta autonómica del sector de enseñanza del sindicato, Paula Breñas, transmitió a la Fiscalía el "malestar generado entre el profesorado por los problemas de convivencia" suscitados en los colegios y le instó a considerar "objetivo prioritario que se recupere la sensación de seguridad en la tarea docente".

Por este motivo, le pidió que dictara instrucciones "en orden a contemplar un estatus de autoridad al profesorado respecto a las agresiones que sufran en el cumplimiento de su labor docente" y le reclamó que se garantice "el buen funcionamiento del servicio educativo, siendo imprescindible que, en última instancia, se reconozca legalmente el estatus de autoridad del funcionario docente".

No obstante, Cabedo considera que, de acuerdo con el Código Penal, las agresiones contra profesores sí se deben considerar como "atentado a funcionario público" ya que ostentan esta condición pero no a "autoridad", y así se lo ha trasladado tanto a los sindicatos que le presentaron la solicitud como a los fiscales valencianos.