Sancionan a dos reporteros

Sánchez fue sancionado por negarse a declarar ante la fiscal de esa instancia, Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban.

En este episodio, la DINA, policía secreta de la dictadura de Pinochet, preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista, asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese día en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.
 
Las seis personas murieron en el centro de detención y torturas Villa Grimaldi, a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.
 
Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote jesuita José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (...) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible ex torturador Marcelo Moren Brito, “El Ronco”.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes de la DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Vicente Pérez Zurita, entonces jefe de prensa de TVN, dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia.

En el fallo, el periodista Roberto Araya declaró que “como Julio López y yo éramos funcionarios de TVN, ellos mismos (de la DINA) nos llevaban al lugar y nos pasaban el libreto. A veces Moren Brito iba a buscarnos al canal para llevarnos a cubrir una nota. También recuerdo a Chiminelli”.

Araya señala que “habíamos muchos periodistas en la DINA” dijo, pero no dio nombres a la fiscal, salvo reconocer que él era de la DINA.

Vicente Pérez, por su parte, sostiene que “tampoco fue una noticia tan importante como para acordarse de los nombres de los camarógrafos”.

En el video difundido en 1975 por TVN sobre el montaje -en poder del ministro Solís y el Tribunal de Ética- López Blanco aparece en Rinconada de Maipú mostrando vainillas del “enfrentamiento” y diciendo que “las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados por fuerzas de la DINA”.

Respecto de López Blanco el Tribunal de Ética consideró que “aunque eventualmente pudo equivocarse, pudo creer en lo que veía, pudo ser utilizada su imagen, el periodista -con larga experiencia en la profesión- se abstuvo de confrontar otras fuentes distintas a la oficial y, como el propio imputado reconoce, es responsable del grave daño causado a los denunciantes”.

En cuanto a Claudio Sánchez, que se negó a declarar ante la fiscal, le escribió una carta diciendo que, debido a que estuvo 32 años en el canal de televisión de la Universidad Católica “es muy difícil que recuerde con claridad todas las misiones que se me encomendó”.