El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para determinar si existen bases para recurrir el trasvase de 69 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, decisión que esta región cree que "no ha sido acertada" sino "imprudente".
Así lo avanzó, en rueda de prensa, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, quien señaló que, en caso de que existan bases para presentar ese recurso "no duden de que así lo haremos", como ha sucedido en ocasiones anteriores.
El consejero destacó la "falta de oportunidad e idoneidad" del momento que se ha elegido para llevar a cabo este trasvase -del que 31,4 hectómetros serán para regadío y 37,6 para abastecimiento a poblaciones- que, a juicio del Gobierno de Castilla-La Mancha, "no está motivado por una necesidad urgente".
En su opinión, ni se ha valorado la disponibilidad de recursos tanto en el origen como en el destino del trasvase, ni la situación de los embalses de cabecera, que presentan 353 hectómetros cúbicos, lo que supone sólo un 14% de la capacidad total de los mismos, 200 hectómetros por debajo de las reservas medias.
Además, consideró "imprudente" el trasvase, sobre todo "cuando casi la mitad de los recursos que se van a trasvasar no son para un uso prioritario, que es el regadío, y se pone en riesgo la disponibilidad de estos recursos para abastecimiento a poblaciones si sigue la situación de sequía", argumentó.
En este sentido, recordó que no existe "ningún riesgo" para la supervivencia de los cultivos leñosos en la cuenca del Segura, y menos con las lluvias de los últimos días. Matizó, además, que Castilla-La Mancha siempre ha mostrado su solidaridad con los trasvases para abastecimiento "y eso nos da legitimidad para que podamos exigir que no se produzcan desviaciones y utilizaciones que no son prioritarias", argumentó.
Sánchez Pingarrón recordó que el trasvase Tajo-Segura es una hipoteca "con fecha de vencimiento en 2015", tal y como refleja el Estatuto de Castilla-La Mancha y "el sentido común", por lo que instó, en nombre del Ejecutivo autonómico, a las administraciones públicas para que impulsen infraestructuras como plantas salinizadoras para asegurar abastecimiento autónomo a estas regiones.
Recurso contra el acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Júcar
De otro lado, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, avanzó que el Ejecutivo está estudiando, para elevarlo al próximo Consejo de Gobierno, la interposición de un recurso contencioso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 23 de julio, por el que se autorizó la utilización de 6,1 hectómetros cúbicos por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Según explicó, la impugnación se basaría en la consideración de que no se respetaron las normas, pues parte de la cantidad de agua se derivaría a municipios de habitantes que no pertenecen a la demarcación de la cuenca del Júcar, sino de cuencas internas de la Comunidad valenciana.
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