Por primera vez desde la creación de la Agencia del Menor Infractor, un centro de ejecución de medidas judiciales abrió sus puertas este lunes a los periodistas en una "jornada de convivencia navideña".
Braulio, el cocinero, era el único que disponía de un cuchillo 'de verdad' y no daba abasto. Él solo se afanaba en cortar la carne recién hecha para unas treinta personas, que, con vasos, platos y cubiertos de plástico, se las apañaban para comer mientras trabajaban.

Los verdaderos protagonistas de la barbacoa, entre tanto, trataban de pasar desapercibidos en un rincón mientras daban buena cuenta de la comida; todo en vano.
La visita del vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, había levantado tal expectación que los periodistas superaban con creces a los propios menores que participaban en la "jornada de convivencia navideña". Es decir, una barbacoa en el recinto cercado donde los internos del centro de régimen cerrado Los Rosales, gestionado por la Asociación Respuesta Social Siglo XXI, aprenden jardinería.

Se trataba de la primera vez que la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor permitía a la prensa acceder a un centro de cumplimiento de medidas judiciales, una política adoptada para preservar la identidad de los menores. Nada de bolígrafos, nada de móviles, nada de cámaras, "pero con ustedes haremos una excepción", puntualizaba el vigilante de la entrada.

Aunque Los Rosales cuenta con 32 plazas, en el momento de la visita hay cuatro vacantes. El centro es uno de los ocho que existen en la región para el cumplimiento de medidas en régimen cerrado, es decir, las más severas a las que puede ser sujeto un menor.
Por ello, casi dos tercios de los jóvenes del centro se encuentran allí por haber cometido delitos graves o muy graves. Tienen 16,7 años de media y, por nacionalidades, predominan los latinoamericanos, seguidos de los marroquíes, los españoles y los rumanos; hay, además, un haitiano.

Cuando los menores, todos varones, hicieron acto de presencia, el vicepresidente se interesó por sus actividades. "Me han dicho que estáis haciendo una bandera de Madrid y que se la vais a regalar a la presidenta", comentó Prada.
Los jóvenes contestaron con sonrisas tímidas. Para cuando arrancó la comida, ya se habían 'parapetado' detrás de una de las mesas del jardín. Unos pocos, dos o tres, contestaban a la prensa de espaldas a las cámaras.

"Para poder trabajar con ellos, es importante que asuman el delito, pero ese proceso depende de cada persona. Solo así desarrollan los mecanismos necesarios para poder reinsertarse", explicaba Juana, la directora del centro.
Braulio, el monitor del talller de hilo metido a cocinero por un día, coincidía con ella en que el trabajo no resulta nada fácil, aunque cuando sale bien "la satisfacción es enorme". "Al principio cuesta mucho romper su barrera. Para conseguirlo, debes valorar y respetar sus propios códigos", aseguró.
.jpg)
En el centro, los internos pueden cursar estudios reglados (como ESO o Bachillerato) o aprender oficios como carpintería o jardinería. Además, los talleres de artesanía permiten a los jóvenes elaborar objetos que se venden en la tienda Asombra y percibir beneficios por su trabajo.
El deporte y la alfabetización, en su caso, son otras de las actividades que realizan los jóvenes a lo largo del día. "El objetivo", recordó Alfredo Prada, "es conseguir la reinserción y la reeducación de estos jóvenes, y estamos satisfechos de poder decir que casi nueve de cada diez no vuelven a delinquir".
El vicepresidente indicó, además, que cada uno de estos menores supone un gasto de 78.000 euros al año para las arcas de la región. "Lo que hemos conseguido con la creación de la Agencia [del Menor Infractor] es optimizar recursos, porque antes el coste por plaza ascendía a 108.000", añadió. Actualmente hay unos 6.000 menores sujetos a medidas judiciales en la Comunidad de Madrid, si se tiene en cuenta a los que las ejecutan en régimen abierto.