El Tribunal Supremo anuló en junio de 2007 la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, que había impuesto entre tres y cinco años de cárcel a los tres policías nacionales que detuvieron “ilegalmente” a dos manifestantes del PP. Supuestamente, estos habían agredido al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El conocido como ‘caso Bono’ desató en 2005 una tormenta política entre el PP y el PSOE, dada la calidad de dirigentes y miembros de las filas populares de los arrestados en la manifestación, los afiliados Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, que posteriormente fueron absueltos.
El PP llegó a pedir incluso la creación de una comisión de investigación en el Congreso y registró decenas de preguntas e iniciativas de control.
Culpables primero, inocentes después
En ese momento se inició un juicio sobre los agentes para determinar si los acusados hicieron desaparecer informáticamente el atestado original de los hechos, si destruyeron la primera comparecencia de los agentes que estuvieron presentes en los hechos, así como su diligencia de gestiones y la primera declaración de los escoltas del ministro. Todo ello debido a las sospechas de una detención “dirigida” sobre los militantes populares.
La Audiencia encontró culpables de los hechos a los agentes, pero la posterior sentencia del Tribunal Supremo anuló el fallo asegurando que la detención se ajustaba a derecho porque existían “indicios” de un delito de agresión.
En cambio, el Supremo consideró en 2007 que la sentencia de la Audiencia no acreditaba que el inspector José Luis González, el ex comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, Rodolfo Ruiz, y el inspector jefe Javier Fernández hubieran actuado negligentemente durante el proceso.
Al hacerse pública esta decisión, el PP cursó una petición para declarar nulo el fallo, al entender que fue dado a conocer antes de redactar la sentencia, pero el Supremo la rechazó.
Pedir disculpas
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Mientras uno de los absueltos aseguró que el último fallo había sido “como salir de una pesadilla”, el PSOE lo definió un “correctivo” para la actitud del PP por acusar al Gobierno de provocar una “detención política”.
El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Andrés Rojo, afirmó que los dirigentes del PP "también deben pedir disculpas a los ciudadanos y a los diputados, por el espectáculo bochornoso que el grupo popular dio en la Asamblea portando esposas de plástico en el pleno del Parlamento regional en mayo de 2006".
La vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega aseguró que esperaba que los populares pidiesen “disculpas” a los policías. El que fuera delegado del Gobierno en Madrid durante los hechos, Constantino Méndez, exigió a Mariano Rajoy, Ángel Acebes y la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre que asumieran responsabilidades políticas por su "estrategia de persecución política" contra los policías y contra el ejecutivo central.
La sentencia no cambia los hechos
En cambio, desde las filas populares su secretario general en Madrid, Francisco Granados, subrayó que la sentencia "no elimina ni cambia los hechos probados que demostró la sentencia del Tribunal Superior de Justicia".
Según Granados, y a pesar de que la resolución del Supremo lo descartaba, era probado que “se falsificaron los atestados policiales y que se cesó a un policía por no querer participar en esa detención a todas luces irregular", subrayó. Además, indicó que "también está probado que el comisario dijo que el ministro dijo que quería detenciones y que iba a haber detenciones", según su criterio.
Al hilo de esta polémica, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) acusó al PP de pretender confundir a la opinión pública en el momento en que pidió la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo.
El portavoz del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, defendió por su parte la "profesionalidad" de los tres jueces de la Audiencia condenaron en primera instancia a los policías, y pidió a los responsables políticos que "atemperen sus críticas" a pesar de que la sentencia fuese anulada por el Tribunal Supremo.
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