El Tribunal Supremo ha hecho oficial este lunes que procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso de las filtraciones del caso del novio de Ayuso.
Así ha procedido el juez magistrado Ángel Hurtado, quien tras finalizar la fase de instrucción del caso, imputa al fiscal el presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El procedimiento comenzó en octubre de 2024 y se investiga si la Fiscalía, en concreto desde Madrid, dejó conocer a la prensa datos de los correos electrónicos que se enviaron entre la defensa de González Amador, y el fiscal que llevaba su caso, Julián Salto.
El juez investigó la nota de prensa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la que se revelaba el cruce de correos con el objetivo, se dijo, de desmentir un "bulo" con respecto a la noticia publicada poco antes en la prensa. En ella se comentaba que fue el fiscal quien se ofreció a pactar con González Amador. La Fiscalía quiso negar tal extremo y afirmar que fue su abogado quien lo propuso.
En mayo supimos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su informe, le atribuía una "participación preeminente" en la presunta filtración.
Qué dice el auto del juez
El auto, al que ha tenido acceso RTVE, señala que hay "indicios" de que el fiscal general facilitó a un medio el contenido de un correo que había escrito al abogado de González Amador.
En dicho email había "información sensible" con datos personales del ciudadano afectado, fruto de una "conversación privada" entre Fiscalía y el letrado.
Además, el magistrado considera que García Ortiz actuó por "indicaciones" del Gobierno de Pedro Sánchez y con una actitud "frenética" de "ganar el relato". Sin embargo, no ofrece pruebas de esa acusación tan grave.
Por último, Ángel Hurtado no considera que hay excusa en que se conocieran antes o después datos privados de González Amador: "El secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad..." porque si no, argumenta, se vulneera "un derecho a la intimidad personal".
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