El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional la adopción de una medida cautelarísima que suspenda la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión impuesta en su contra.
En un escrito, al que ha tenido acceso 'RTVE', el ex president alega que se trata de una medida de privación de libertad "dictada sin condena previa" y cuyo cumplimiento "produciría efectos inmediatos, actuales y, sobre todo, irreparables", ya que afecta al "núcleo más esencial de los derechos fundamentales".
"La ejecución de la orden de detención comprometería directamente su libertad física y sus derechos políticos, todo ello sin haber mediado juicio penal alguno en territorio nacional", argumenta, al tiempo que recuerda que la democracia exige "garantizar las condiciones efectivas para que los representantes políticos puedan ejercer su mandato libremente y sin coacciones de naturaleza ajurídica".
"La judicialización de la acción política, cuando se transforma en un instrumento para impedir el acceso o la permanencia en cargos públicos mediante mecanismos procesales sin condena firme, constituye una amenaza sistémica para la democracia constitucional", añade.
El Supremo descartó amnistiar a Puigdemont
El recurso llega después de que el Tribunal Supremo confirmara que no amnistiará el delito de malversación de Puigdemont y del ex conseller Antoni Comin por el que ambos están procesados en la causa del procés.
Fuentes jurídicas indicaron entonces a 'RTVE' que Puigdemont y los ex consellers planteaban una batería de recursos.
Primero, al Constitucional si consideraban que "se han vulnerado sus derechos fundamentales". En caso de que la corte de garantías no les diera la razón, acudir "en última instancia" al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En su recurso, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, solicita al TC que acuerde suspender la orden de detención al concluir que esta "carece del respaldo de una condena firme", en un contexto en el que el legislador "ha expresado su voluntad de extinguir la responsabilidad penal" del ex president mediante "una norma orgánica cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada".
Para la defensa del líder de Junts, la denegación de la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont revela "una estrategia de resistencia judicial" a la ley por parte del Supremo que atenta contra el principio de separación de poderes y de legalidad.
Asimismo, Boye también argumenta que la petición de amnistía se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que sea el alto tribunal catalán quien decida. Considera que el TSJC es quien tiene competencias, puesto que los hechos por los que está acusado pasaron en Cataluña.
El ex presidente de la Generalitat ya tramitó una petición similar ante el Tribunal Supremo, que fue desestimada.
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