La Fiscalía ha conseguido terminar con varias campañas de empresas dedicadas a gestionar vientres de alquiler que se estaban anunciando a través de páginas web o redes sociales. Se trata de la primera vez que se inician en España unas diligencias por publicidad ilícita sobre gestación subrogada.
Esta campaña contra anuncios de empresas de gestación subrogada, que son normales en internet y en la mayoría de casos en páginas webs internacionales, fue liderada hace año y medio desde la Fiscalía de Barcelona por Paloma Pelegrín, responsable del nueva área de defensa de los consumidores y usuarios.
El origen de las diligencias está en una denuncia que presentó una asociación feminista de Vigo que solicitaba que se investigara, por la vía penal, a entre 20 y 30 empresas de gestación subrogada que se estaban anunciando por internet. Este tipos de anuncios se encuentran prohibidos por la ley de salud reproductiva de 2023. Además, otra norma de 2016 presupone la nulidad de los contratos de ese tipo de reproducción asistida.
Una vez descartada una investigación penal, al no existir constancia de esas prácticas de gestación subrogada que se anunciaban, la Fiscalía decidió abrir diligencias preprocesales por la vía civil para ver si las páginas web y el contenido difundido por redes sociales eran constitutivas como publicidad ilícita. En el marco de esas diligencias, la fiscal pasó requerimientos a dos de las empresas que gestionaban esas webs situadas en Barcelona, que, de esa forma, decidieron retirar sus campañas publicitarias de internet, cierre que se realizó entre finales de 2024 y este año.
Los casos de anuncios gestionados por empresas de otras provincias españolas se pasaron a las Fiscalías respectivas, lo que también ha resultado exitoso. Así, el pasado mes de abril, el ministerio público consiguió que el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid sacara unas medidas cautelares para forzar a una empresa de gestación subrogada a cerrar su página web y los anuncios que sacaba por Facebook, Instagram o X. Un mes después, el juzgado daba por buena la demanda de la Fiscalía y condenaba a la empresa por "realizar publicidad ilícita", al tiempo que le forzaba a difundir su sentencia en las mismas redes sociales donde había anunciado los vientres de alquiler.
Contenido que "cosificaba" a mujeres y niños
De acuerdo a la Fiscalía, las campañas de las empresas estudiadas, muchas de las cuales ofrecían vientres de alquiler en Ucrania, no solo no cumplían con la legalidad por publicitar la gestación subrogada, sino que además metían un contenido que "cosificaba" a las mujeres y a los embriones. De este modo, los dos eran tratados como meras mercancías y con un llamativo sesgo racial, en el que se subrayaba su piel blanca.
Sin embargo, las actuaciones de la Fiscalía se pueden quedar cortas, dado que las páginas webs sobre gestación subrogada se están multiplicando constantemente en Internet, en la mayoría de casos amparadas en páginas internacionales cuyo cierre requiere una mayor complejidad. Por ese motivo, la Fiscalía se está planteando acudir a la Audiencia Nacional para que, a través de la vía contencioso-administrativa, sean los tribunales los que puedan forzar el cierre de esas páginas web por vulneración de la legislación española en materia publicitaria.
Además, la Fiscalía de Consumo de Barcelona quiere restringir las publicaciones en internet que promueven los trastornos alimentarios, un fenómeno cada vez más normal en redes sociales. La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra una de esas webs que promueven la bulimia o la anorexia, pero el juzgado terminó archivando la investigación por la imposibilidad de desentrañar quién estaba detrás de esas publicaciones, dado que las comisiones rogatorias expedidas en busca de colaboración internacional fueron infructuosas.
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