La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Begoña Gómez y de su asesora, Crístina Álvarez, validando así la imputación por malversación de ambas.
El juez Juan Carlos Peinado ve indicios de malversación en la contratación de Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez al considerar que la asesora ayuda a Gómez en actividades de índole privada.
La Audiencia madrileña ha señalado ahora en un auto que en este momento procesal no corresponde juzgar los hechos y es el juez instructor quien determina "única y exclusivamente" si lo que se está investigando tiene los requisitos para, presumiblemente, poder ser constitutivo de delito.
El auto concuerda con las sospechas del juez
La Audiencia Provincial ha señalado que el objeto de una investigación se clarifica con el tiempo y que basta con que haya indicios para abrir una investigación.
Han recordado que será en la apertura del juicio oral cuando el magistrado instructor deba de decidir si todas las pruebas son suficientes indicios para procesar a los imputados.
Y según se desprende de su análisis, concuerdan con las sospechas de Peinado sobre Gómez en la malversación, lo que acerca a la mujer de Pedro Sánchez a su posible procesamiento.
"Resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación”, han subrayado desde el tribunal de apelaciones.
La malversación de caudales públicos es el quinto delito que Peinado le ha imputado a Begoña Gómez tras acusarle de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
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