La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, va a retirar a 700 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegados en Minnesota, después de semanas de protestas y una gran polémica política y social tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, durante el amplio operativo federal en el estado.
El anuncio lo ha hecho este miércoles el denominado "zar fronterizo" de la Casa Blanca, Tom Homan, que ha indicado que, pese a la reducción, cerca de 2.000 agentes federales de inmigración seguirán todavía sobre el terreno. Minnesota, y en particular el área metropolitana de Minneapolis, se había transformado este año en uno de los principales focos del endurecimiento de la política migratoria llevada a cabo por Trump.
El presidente mandó desplegarse a miles de agentes armados para intensificar las detenciones y deportaciones de inmigrantes, una operación que llevó a movilizaciones ciudadanas seguidas y una creciente tensión institucional. Las protestas aumentaron después de las muertes de Pretti y Good, dos ciudadanos estadounidenses cuya muerte ha sido atribuida por las autoridades estatales a las actuaciones de agentes federales, lo que ha desembocado en una investigación y una batalla política entre el Gobierno estatal y la Casa Blanca.
No es un giro en su estrategia
Homan ha justificado la retirada parcial en estos momentos por la cooperación "sin precedentes" de los sheriffs electos de Minnesota, responsables de las cárceles de condado, a la hora de garantizar la custodia de personas detenidas por motivos migratorios. Sin embargo, ha querido subrayar que la medida no implica un giro en la estrategia del Ejecutivo.
"Para ser claros, el presidente Trump tiene la firme intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control migratorio continuarán a diario en todo el país", dijo Homan en una rueda de prensa. "El presidente Trump hizo una promesa y no hemos ordenado lo contrario", manifestó.
El Gobierno de Minnesota, controlado por los demócratas, ha decidido llevar a los tribunales a la administración Trump por el aumento del despliegue federal, al que culpa de un deterioro de la seguridad y de la convivencia, además de haber alimentado un clima de miedo en comunidades migrantes. Ciudades como Minneapolis siguen políticas que prohíben a sus empleados públicos, incluida la policía, cooperar con las autoridades federales de inmigración, al creer que esa colaboración disuade a víctimas y testigos de delitos de denunciarlos.
Pese a la retirada anunciada, la Casa Blanca remarca que Minnesota va a seguir siendo un territorio prioritario dentro de su ofensiva migratoria y destaca que el propósito de aumentar las deportaciones en todo el país sigue intacto.
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