El abogado Jorge Piedrafita, que representa a la agente de policía que se querelló contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, aclaró hoy los tiempos.
Durante sus entrevistas en 'La Hora de La 1' y 'Las Mañanas de RNE', el letrado confirmó que informaron a Interior hace 2 días, cuando se conoció la noticia.
Era una forma exculpar al ministro Fernando Grande-Marlaska, señalado sin pruebas por el PP de encubrir a su cargo policial y fallar a la denunciante.
Motivos del retraso
Explicó que la demora respondió a una estrategia de "máxima reserva" para canalizar el asunto exclusivamente por la vía judicial.
No obstante, reveló que su cliente sintió una "enorme decepción" ante la dimisión de González, pues ella esperaba un cese fulminante por parte del Gobierno al considerar que el ex DAO "manchó" el uniforme de la Policía.
El abogado relató que la agente puso los hechos en conocimiento de la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, el martes 17, tras superar un "pánico cerval" y un estado de shock que le impedía denunciar a su superior.
Piedrafita fue tajante al pedir que el comisario Óscar San Juan, señalado como el "brazo ejecutor" de las coacciones, sea también cesado de forma inmediata.
Respecto a las acusaciones del PP sobre un posible encubrimiento por parte de Marlaska, el abogado aseguró desconocer si el ministro pudo enterarse por otros canales antes de la comunicación formal de esta semana.
Filtraciones y protección para la víctima
Uno de los puntos más críticos denunciados por Piedrafita fue la filtración de la identidad de su cliente. Según el letrado, el nombre de la agente "corrió como la pólvora" a través de grupos de WhatsApp integrados por policías, lo que desencadenó un bombardeo de mensajes y llamadas que destrozó psicológicamente a la víctima.
El abogado calificó de "infamias y bulos" los comentarios que circulan internamente y advirtió que, si logran identificar el origen de la filtración -que sospechan procede del entorno del acusado-, actuarán "con todo el peso de la ley" contra los responsables.
Debido a esta situación de "extrema vulnerabilidad", la defensa solicitó medidas de protección específicas para la agente. Piedrafita insistió en que el anonimato era esencial para su recuperación, pero la difusión de sus datos agravó seriamente su cuadro de ansiedad. Por ello, el entorno legal de la mujer se mostró inflexible ante lo que consideran un segundo ataque a su integridad, esta vez proveniente de sus propios compañeros de cuerpo.
Una prueba "escalofriante" de 40 minutos
En el plano judicial, el abogado aportó detalles sobre la principal prueba de cargo: una grabación de audio realizada por la propia víctima. Piedrafita describió el contenido como "escalofriante" y precisó que dura aproximadamente 40 minutos.
Según su testimonio, el audio registra toda la secuencia de los hechos, desde el momento en que la agente entró en la vivienda oficial hasta que consiguió huir.
Aunque la prueba todavía no se incorporó formalmente a la causa, el letrado confía en que su dureza sea determinante para la instrucción.
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