La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad el jueves la denominada "Ley de Amnistía para la Convivencia y Paz Democrática".
El proyecto, impulsado por el gobierno sucesor del presidente caído Nicolás Maduro, superó su segundo y definitivo debate tras una semana de retrasos debidos a desacuerdos internos en el bloque parlamentario.
Estas tensiones previas provocaron huelgas y críticas de sectores civiles que exigían una solución para los cientos de detenidos por causas políticas en el país.
Los Rodríguez celebran su aprobación
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y hermano de la presidenta del país, defendió el proceso asegurando que, pese a la dureza de las negociaciones de última hora, se alcanzó una madurez política necesaria tras los graves sucesos del 3 de enero (el ataque de EEUU), que funcionaron como detonante para esta reflexión profunda.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación de la norma y afirmó que la ley "abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre" y aprenda a convivir sin odio. Rodríguez instó a la Comisión de Revolución Judicial -encabezada por el vicepresidente sectorial y ministro de Interior, Diosdado Cabello- a que inicie con máxima celeridad la revisión de los casos que no quedaron contemplados estrictamente en el texto legal.
La mandataria subrayó que esta ley busca "curar heridas" y evitar que la violencia política se utilice como pretexto para agresiones externas contra la soberanía nacional.
Límites de la amnistía
A pesar del tono conciliador de la presidencia, el ala más dura del chavismo, representada por Diosdado Cabello, insistió durante el proceso en que el indulto debía tener límites claros para quienes cometieron delitos graves.
Finalmente, la legislación ampara a los presos políticos condenados en episodios de crisis ocurridos entre 1999 y 2026, pero deja fuera a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra la ciudadanía y la integridad del país. Esta distinción técnica afecta de forma directa a 174 de los aproximadamente 600 presos políticos que permanecen en prisión, específicamente aquellos señalados por delitos de rebelión.
El blindaje de la ley se concentró en el Artículo 9, el cual prohibió expresamente la aplicación de la amnistía para responsables de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, quedaron excluidos los culpables de homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y delitos previstos en la ley contra la corrupción.
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