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Las Rozas se opone al préstamo de pago en bibliotecas públicas

jueves 22 de mayo de 2008, 17:06h
Actualizado: 23 de mayo de 2008, 12:28h
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Las Rozas han aprobado, durante el Pleno que se ha celebrado este jueves, una moción en contra del préstamo de pago en las bibliotecas. La moción, inicialmente presentada por IU, ha sido adaptada para que todos los grupos pudieran sumarse a la misma, en correspondencia con otra moción en el mismo sentido presentada por el Grupo Popular en marzo de 2005.
Durante la presentación de la moción se ha recordado que la Comisión Europea establece el cobro de un canon de 20 céntimos de euro por ejemplar prestado en las bibliotecas públicas de los estados miembros. Hasta ahora ha sido el Ministerio de Cultura quien se ha hecho cargo del pago de dicho canon en el ejercicio de 2007 y ha anunciado su intención de seguir haciéndolo en 2008.

Durante el Pleno se ha insistido en que la aplicación del canon supondría numerosos perjuicios para la cultura: las bibliotecas reducirían su dotación presupuestaria, entre otros. Por ello el Pleno ha aprobado por unanimidad, entre otras medidas, “solicitar del Gobierno de la Nación que declare a las bibliotecas públicas exentas del pago por préstamo”.

El Pleno también debatió el horario de las tres bibliotecas municipales. La concejal de Cultura, Isabel Grañeda, destacó el amplio horario que tienen estos centros. Además, durante los meses de mayo, junio, agosto y septiembre se amplía el horario hasta las doce de la noche para facilitar a los estudiantes la preparación de sus exámenes. Las Rozas cuenta con 522 plazas de estudio en sus bibliotecas.

Por último, el Pleno rechazó una moción del grupo de Izquierda Unida sobre el precio de las viviendas de protección oficial. El concejal de Vivienda, Juan Ramón Ruiz, aclaró que la subida aprobada por la Comunidad de Madrid, en respuesta a un Real Decreto del Ministerio de la Vivienda del Gobierno de España, no afectará a las 800 casas que están en construcción. Sólo podrían afectar, y eso aún no es seguro, a las 250 viviendas de protección que conforman la segunda fase de un ambicioso proyecto elaborado por el equipo de gobierno municipal.
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