El gobierno de Cristina Kirchner ha decidido reemplazar la intervención de Aerolíneas Argentinas y sustituir tal acción por una iniciativa que pasa porque la Justicia obligue a los accionistas de la Compañía a que paguen los sueldos atrasados de los más de 9.000 trabajadores. A cambio, los sindicatos se han comprometido a no realizar paros en los próximos dos meses.
El secretario de Transportes, Ricardo Jaime, ha descartado “por el momento la nacionalización a cambio de dotar de “una seguridad jurídica” a la empresa que gestiona Viajes Marsans. La aerolínea y su filial de vuelos locales, Austral, se encuentra en franca crisis financiera y operativa desde hace tres años.
Mientras tanto, el periódico Cinco Días publica, este viernes, una información en la cual, citando fuentes de Viajes Marsans, señalan que “tras seis años de intentar sacar adelante el proyecto, parecen haber decidido tirar la toalla”. En esta ocasión, ni Gonzalo Pascual ni Gerardo Díaz Ferrán han viajado a Buenos Aires para discutir la crisis. Ni siquiera han acudido al Gobierno para pedirles que medie en el conflicto.
Un conflicto, el del impago de los salarios, del que responsabilizan al Gobierno argentino “no ha aprobado la subida de las tarifas aéreas domésticas reguladas tal y como prometió hace tres meses, a pesar de la escalada de los precios de los carburantes”, comentó una fuente de la empresa a Cinco Días.
La clave reside en que el Estado argentino es el propietario corresponsable de Aerolíneas y, según las interpretaciones de los gestores españoles, les corresponde abonar las nóminas atrasadas. Ahora será la Justicia argentina la que decida solucionar las diversas interpretaciones que se dan a los acuerdos de asociación.
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