El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que todo volverá a la normalidad en los próximos días, pues la erradicación es un compromiso de Estado que no se negocia con ninguna federación cocalera.
Efectivos que en la actualidad trabajan en los 12 campamentos de la FTC en Chapare reportaron a Los Tiempos que el viernes 4 recibieron la instrucción de acuartelarse por el próximo mes debido a los problemas que afrontan estas unidades.
Los erradicadores denunciaron que sufren ataques de los cocaleros, quienes, luego de la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID), se resisten a la destrucción de sus plantaciones de hoja de coca.
Fuentes de la FTC agregaron que, tras la salida de este ente internacional de Chapare, las unidades policiales y militares acantonadas en la zona carecen de apoyo económico, lo que provoca la falta de alimentos y combustible, que impide la normalidad de estas labores.
Sin apoyo, con más presiones
La información fue confirmada por Los Tiempos a través de un comandante de unidad de la FTC, quien, luego de pedir que se reserve su identidad, admitió que la situación en el trópico se complicó después de la salida de USAID. “A nadie le gusta que erradiquen sus cultivos, pero a nosotros no nos queda más que cumplir nuestra función y hacer respetar las leyes”.
El comandante explicó que los problemas económicos por los que están atravesando estas unidades afectan a los efectivos de todas las unidades de la FTC, que está integrada por policías, militares del Ejército, la Naval y la Fuerza Aérea, además de los funcionarios de la Unidad de Desarrollo del Trópico (ex Direco).
El viceministro Cáceres minimizó estas denuncias y aseguró que en Chapare las labores de erradicación se desarrollarán con normalidad, aunque admitió que hubo enfrentamientos entre los efectivos del orden y la federación de cocaleros que plantó sus cultivos en la frontera con Santa Cruz, lo que provocó una suspensión “temporal” del trabajo en el trópico.
“En Yapacaní han pedido la suspensión de la erradicación, hubo resistencia y hostigamiento, pero eso no nos va a amedrentar; aunque esa federación se resista al proceso, igual vamos a seguir”.
El Viceministro dijo que Bolivia no dejará de cumplir los compromisos internacionales que ha asumido como Estado, sobre la disminución de coca excedentaria, y aseguró que en las zonas donde no se permite la plantación de nuevos cocales “la ley no se negocia, sólo se cumple”.
También negó que las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta tengan problemas económicos que hayan sido provocados por la expulsión de USAID de la zona del Chapare, debido a que la NAS (otra agencia antinarcóticos del Gobierno de los Estados Unidos) es la entidad que se encarga de apoyar el financiamiento de las unidades policiales y militares encargadas de encarar la lucha contra la producción de droga y la erradicación de la coca excedentaria.
Según un estudio del actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que fue elaborado cuando él era analista de temas castrenses, la cooperación estadounidense (no especifica a través de qué entidades) entregaba recursos a militares y policías comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, pues otorgaba dinero para pagar “los servicios alimenticios de los soldados y pagos de bonos mensuales al personal profesional destinado a Chapare”. El documento agrega también que la ayuda económica se extiende a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), además del Viceministerio de Defensa Social, la FTC, Direco, Policía Ecológica, el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), el Grupo Especial de Comunicación, los fiscales de Sustancias Controladas y el Centro de Entrenamiento Garras de Valor.
El estudio señala que hasta el año 2002 había 2.074 uniformados dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), de los que 1.583 pertenecían a las Fuerzas Armadas, 881 del Ejército, 141 de la Fuerza Aérea y 61 de la Naval), mientras que la Policía destinó 491 efectivos (Comando Nacional 390 y Unidad de la Policía Ecológica 101). A éstos se sumaron 500 efectivos más de las dos instituciones.
Buscaban arrinconar a los cocaleros
Un informe elaborado por Juan Ramón Quintana, cuando aún no era Ministro de la Presidencia, asegura que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue creada con la misión de erradicar plantaciones de coca con el apoyo de una masiva participación de soldados de las tres fuerzas. Hasta 1997, las FFAA sólo habían comprometido un escaso número de oficiales y sargentos de la Fuerza Naval y pilotos de la Fuerza Aérea en unidades de tarea denominadas “diablos azules” y “diablos rojos”.
Luego se incorporó personal técnico del Ejército a la unidad de transporte terrestre denominada “diablos verdes”. En 1997, la cobertura militar en la lucha contra las drogas alcanzaba al 1,5 por ciento del personal militar.
Desde principios de 1998, las FFAA concentraron cerca del 10 por ciento de sus efectivos en Chapare y en otros sectores de lucha contra las drogas. Además, el Ejército desplazó a la Novena División que se encontraba en Rurrenabaque a Chapare y más de 2.000 hombres se instalaron en esta región del país.
El martes 24 de junio, los cocaleros anunciaron que obligarían a USAID a retirarse.
El miércoles 25, la Embajada de EEUU anunció la salida de la agencia del Chapare.
Al día siguiente, el presidente Evo Morales respaldó las presiones de los cocaleros.
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