AUGC

La decisión del Gobierno de movilizar a la Guardia Civil para solventar el caos existente en el aeropuerto del Prat por el conflicto laboral entre la empresa de seguridad Eulen y los trabajadores no ha sido bien acogida ni por los sindicatos ni por las asociaciones de guardias civiles. En el trasfondo del asunto, la privatización de AENA que ha llevado a la precarización de los contratos. ‘De esos polvos, estos lodos’, insisten.

Habrá 'marea de tricornios', como coloquialmente se conoce a las manifestaciones de guardias civiles. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha permitido a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) celebrarla el 14 de noviembre y ha anulado la prohibición de la Delegación del Gobierno porque vulnera el derecho de manifestación y reunión de los agentes.

La AUGC ve agotado, por "ineficaz", el modelo policial y aboga por uno nuevo que racionalice los recursos unificando los dos cuerpos estatales, lo que supondría un ahorro de 3.000 millones de euros al año y sacar de tareas burocráticas a 5.000 agentes para emplearlos en la lucha contra el delito.

La Asociación Unificada de Guardias Civil (AUGC) ha expresado su "desconcierto" por la justificación ofrecida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para reunirse con Rodrigo Rato ya que "no hay constancia" de que el expresidente de Bankia haya presentado una denuncia por sentirse intimidado.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado al Gobierno la destitución inmediata del actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de tener conocimiento de que, el pasado 29 de julio, éste recibiera en la propia sede del Ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien ha protagonizado uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado este martes en Toledo una interpretación "justa" y "adecuada" por parte de los mandos de la nueva Orden General sobre la Jornada Laboral de la Benemérita.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Toledo ha denunciado la agresión sufrida por un guardia civil del Puesto Ordinario de Talavera de la Reina el pasado fin de semana. La organización lo achaca a la "falta de efectivos" en la Benemérita.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la situación que viven los agentes de tráfico a los que, aseguran, "se valora el trabajo en virtud del número de multas que imponen a lo largo del mes en vez de las ayudas y auxilios en carretera" y a los que, añaden, "se castiga reduciéndoles su salario porque no recaudan para Hacienda en suficiente cuantía".

 

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha rechazado las críticas que se han vertido desde algunos medios de comunicación a la actuación de la Guardia Civil en el caso de El Salobral (Albacete) y ha defendido su actuación profesional en coordinación con los órganos judiciales.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil y el Sindicato Unificado de Policía han pedido a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "eviten situaciones de tensión" en la huelga general del 29 de marzo. Le recuerdan a sus afiliados que, aunque los policías y guardias civiles carezcan de él, el derecho de huelga "es un Derecho Constitucional del que gozan todos los trabajadores". Por lo tanto, policías y guardias civiles "están también para garantizar este derecho a los trabajadores que quieran ejercerlo".

La indignación en las bases de la Benemérita va a en aumento, según ha podido comprobar Diariocrítico en medios del Cuerpo. La negativa de la cúpula de la Guardia Civil, especialmente del general Cándido Cardiel, a publicitar las recomendaciones del Defensora del Pueblo está causando un amplio alboroto en las bases. En definitiva, el 'aparato' se niega a admitir que los guardias civiles puedan disponer de derechos de manifestación, como les ha reconocido los tribunales en primera instancia y como les reconoce el Defensor del Pueblo.