Batasuna

Los 35 miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) han aceptado condenas que oscilan entre año y medio y dos años de cárcel, tras haber reconocido su instrumentalización por parte de ETA y alcanzar un acuerdo en el que "renuncian a cualquier actividad relacionada con la violencia" y reconocen el "daño" a las víctimas del terrorismo.

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre un año y tres meses y tres años de cárcel a 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna por un delito de integración o colaboración con organización terrorista, al considerar acreditado que financiaron a ETA a través de las denominadas 'herriko tabernas'.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha tachado de "incomprensible" el apoyo a la huelga estudiantil por parte de la Confederación Española de Padres y Madres (CEAPA) y ha recordado que en su juventud, en Vitoria, las huelgas "las organizaban los de Batasuna, nunca los padres".

La portavoz de Batasuna, Maribi Urgarteburu, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se "aferre a la excusa" de la legalidad y aplique la Ley ordinaria a los presos como "un primer paso de urgencia" en materia penitenciaria. En ese sentido, ha censurado que "es el propio Gobierno español el que lleva décadas burlando su propia legislación penitenciaria, aplicando a los presos políticas vascas medidas de absoluta excepcionalidad, de manera colectiva y permanente".

El rumor se ha extendido como la pólvora entre medios policiales y políticos: la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la legalización de Sortu -la antigua Batasuna- antes de que el próximo 7 de octubre expire el plazo de presentación de partidos y coaliciones para las elecciones generales del 20-N. No es más que un rumor, y parece bastante inverosímil salvo que la Sala Segunda del Alto Tribunal se reúna de forma extraordinaria para debatir sobre este caso que colea desde el pasado mes de mayo.