A pocos días de la celebración en Madrid de la manifestación estatal al favor del Sahara, promovida por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara) y el Frente Polisario, las familias españolas integrantes del colectivo “La Libertad es Su Derecho” han hecho un llamamiento para exigir un posicionamiento público de estas organizaciones respecto a la retención ilegal de mujeres mayores de edad por sus familias biológicas en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), entre las que se encuentran dos ciudadanas españolas y otro medio centenar de residentes legales en España.
Pepe Morales, padre adoptivo de la española Maloma Morales de Matos, de 24 años, secuestrada el 12 de diciembre de 2015 por su hermano, Mohamed Lamin Takio Hamda, asegura que “hemos planteado un debate público con CEAS y los representantes del Frente Polisario, en el que den la cara y expliquen las razones por las que no están defendiendo los Derechos Humanos de Maloma, Hyeiba, Darya, Nadjiba, Koria y las demás, a pesar de que sus casos están denunciados y son víctimas de delitos que ha reconocido hasta la propia ONU”. Según Morales “el Gobierno español no puede seguir eludiendo que hay dos ciudadanas españolas de pleno derecho retenidas contra su voluntad, incomunicadas y sometidas a un trato vejatorio, mientras permite que el Frente Polisario y el movimiento solidario continúen promoviendo en España campañas en favor de Derechos Humanos excluyentes y cobrando subvenciones, cuando se ha denunciado públicamente que no llegan a sus destinatarios”.
La familia Morales, residente en Mairena del Aljarafe (Sevilla), que lleva ya tres meses y medio sin contacto ni noticia alguna de su hija Maloma, sigue insistiendo al Gobierno sobre la necesidad de adoptar “medidas contundentes para rescatar a las dos españolas privadas a la fuerza de su libertad, de modo que presionen al Polisario a cumplir su obligación de liberar a las jóvenes retenidas contra su voluntad, para que puedan declarar en suelo español en pleno ejercicio de sus Derechos y con garantías de que su decisión será respetada”.
Por su parte, Yuel Jatri, hermana biológica de Hyeiba El Couri Mumu, otra ciudadana española, de 22 años, retenida contra su voluntad desde hace 3 años en los campamentos, insiste en que “desde que interpuse la denuncia policial por su retención ilegal, mi familia ha roto todo contacto conmigo y han obligado a mi hermana a decir, igual que a Maloma, que no quiere volver con nosotros a Valladolid, aunque la conozco y hemos hablado mucho de todo esto y sé que Hyeiba desea con toda su alma regresar a casa y salir de la vida que está teniendo allí, donde la tratan mal”. De hecho, afirma que “mi madre biológica me ha deseado la muerte por ser una mala hija”. En su caso, la nueva cónsul de España en Argel, Laura García Alfaya, se ha comunicado con Hyeiba telefónicamente. “La cónsul no me ha dicho nada al respecto -asegura Juel-, pero un familiar que estaba presente en el momento de esa conversación me asegura que mi hermana estaba sentada entre mi madre y mi hermano (autores de su retención) y que, en ningún momento, fue libre para decir lo que ella siente y quiere”.
Las familias de Nadjiba Mohamed Belkacem (Rociana del Condado, Huelva, de 25 años), Koria Badbad Hafed (San Miguel de Salinas, Alicante, 24 años) y Darya Embarek Selma (María Jiménez, Tenerife, 28 años), todas ellas retenidas contra su voluntad desde hace años, exigen a CEAS y al Frente Polisario “que den la cara y enfrenten la situación, que es una flagrante violación de Derechos Humanos ante la que las familias biológicas no encuentran ningún tipo de oposición”, asegura Bienvenida Campillo, madre de acogida de Koria, que insiste en que “no hay voluntad política por parte del Gobierno de España, ni del de Argelia, ni del Frente Polisario por cumplir con su obligación de salvaguardar los Derechos Humanos de las mujeres retenidas en los campamentos, aunque saben que cada día que pasan sin libertad es irrecuperable”.
Por su parte, la madre de acogida de Darya, Ángeles Déniz, se pregunta “cómo es posible que a nadie le importe, que se puedan seguir pidiendo familias de acogida en España, cuando nos están dejando claro que sólo es un negocio y que seguirán reteniendo mujeres adultas, porque dicen que es su cultura”, al tiempo que José María Contreras, padre de acogida de Nadjiba, insiste en que “tanto CEAS como el Frente Polisario podrían intervenir, si quisieran, para trasladarlas a suelo español y que las 5 mujeres que han hecho públicos sus casos puedan declarar su voluntad libremente y en pleno ejercicio de sus derechos. No hacerlo, incumpliendo sus propias leyes, es complicidad con un delito que es una violación de DDHH muy grave”.
Si (
No(
