Los abogados del Estado piden al Supremo revisar la condena de prisión e inhabilitación de Junqueras y otros líderes del 'procés'

Este jueves la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo revisar la condena de 13 años de prisión e inhabilitación impuesta a Oriol Junqueras. Se pide una sustitución por otra de sólo 7 años de inhabilitación absoluta, debido a la reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y modificaba el de malversación, por los cuales fue condenado el líder independentista.

Además de esta revisión solicitada para el líder de ERC, que fue vicepresidente del Govern catalán en tiempos del 'procés' soberanista, también se pide para el resto de condenados. Por ejemplo, proponen al Supremo que Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, pase a una condena de 6 años y 6 meses.

A los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por entonces líderes de las plataformas ciudadanas soberanistas ANC y Omnium Cultural, respectivamente, se pide una rebaja a 4 años.

En cuanto a los ex consellers del Govern Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa se propone una rebaja a 6 años y 9 meses de condena. Un poco menos para otros consellers como son Joaquim Forn y Josep Rull (6 años y 3 meses).

Contexto de las peticiones

Esta petición se contextualiza en el plazo de 8 días que el Supremo dio a las acusaciones y las defensas que estuvieron personados en el juicio del procés para realizar alegaciones.

Ayer, por parte de los fiscales que participaron en el juicio, se conoció que proponen mantener las condenas de inhabilitación a Junqueras y a los 3 ex consellers afectados puesto que entienden que la inhabilitación sigue viable pese a los cambios en el Código Penal sobre la sedición y la malversación. A los que sí que aceptan revisar las penas es a los que fueron condenados solo por sedición, pues en este caso, tras la reforma penal, las penas "son inferiores a la pena de inhabilitación absoluta impuesta".

Las defensas de los condenados han solicitado al Supremo la revisión y todos han pedido la absolución de ambos delitos, sedición y malversación. En cuanto a este último, consideran que no hubo desvío de fondos ninguno para enriquecerse personalmente.

Aunque fueron indultados por el Gobierno, las defensas piden que queden revocadas las condenas después de que la "voluntad" del legislador derogase el delito por el que fueron condenados.