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Abogacía del Estado

El juez que paralizó la exhumación de Franco se aparta temporalmente del caso hasta que se resuelva la recusación planteada por la Abogacía del Estado. José Yusty Bastarreche habría firmado textos contrarios a la ley de Memoria Histórica.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sendos escritos de acusación provisionales contra los 18 líderes independentistas procesados por el desafío soberanista catalán. Mientras la Abogacía del Estado ha acusado de sedición y malversación a los dirigentes, la Fiscalía mantiene la acusación por rebelión, con penas de hasta 25 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, frente a los 12 que pide la Abogacía. Esta diferencia de criterios, así como las peticiones de condena han desatado un terremoto de reacciones políticas, pero tanto independentistas como constitucionalistas, aunque por diferentes motivos, coinciden en criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo habría llegado a un acuerdo con la Abogacía del Estado según el que se declara culpable de 4 delitos fiscales por los que sería penado con 2 años de prisión y 18,8 millones de euros, según ha avanzado 'El Mundo'. Dado que la pena de cárcel no supera los 24 meses, el futbolista eludiría su entrada y resolvería el contencioso con el pago de la millonaria sanción.

> Sánchez telefonea a Rajoy para apoyar al Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe después de que el Parlamento catalán haya desafiado al Tribunal Constitucional y haya aprobado debatir sobre la "desconexión" de Cataluña. Además, se ha puesto en contacto con los principales líderes políticos para informarles de los pasos que va a dar el Ejecutivo en funciones. En concreto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le habría ofrecido su apoyo para exigir el cumplimiento de la ley.

La Abogacía del Estado está ultimando un informe que le ha encargado el Gobierno para interponer un recurso contra la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de declarar zona de especial protección para las aves (ZEPA) los terrenos donde se prevé ubicar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) para tratar de evitar su instalación en Villar de Cañas (Cuenca).

> La Abogacía coincide con Anticorrupción y acredita la existencia de una 'caja B' del PP

La Abogacía del Estado solicita 60 años y 8 meses de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por hechos de la primera época de Gürtel, de 1999 a 2005, y, coincide con la Fiscalía Anticorrupción, acreditando la existencia de una caja B del PP entre 1990 y 2008.

La Abogacía del Estado, personada como acusación particular en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria, ha presentado un informe en el que defiende nuevamente la actuación de la Infanta Cristina al frente de la sociedad Aizoon -de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin-, al aseverar que "el hecho de ser cónyuge de un defraudador a la Hacienda Pública no convierte a uno en partícipe de esa defraudación".

> Mantiene en su escrito la acusación por sedición y malversación

La abogada del Estado, Rosa María Seoane ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio del procés, después de que lo hiciera la Fiscalía General del Estado, y ha dejado en evidencia las claras diferencias de criterio respecto a los delitos que se juzgan. Mientras la Fiscalía ha asegurado que en Cataluña hubo un golpe de Estado "con violencia", la Abogacía del Estado limita a sedición el principal delito y considera que la violencia "no fue un elemento estructural del plan de los acusados".

La ex ministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha vuelto a su carrera como Abogada del Estado tras dar un paso atrás en la escena política. Pero lo ha hecho por la puerta grande, colocándose en el codiciado Tribunal Supremo, pese a llevar 14 años sin ejercer, ni sumar más de cuatro años de carrera jurídica.

> Pide penas inferiores a la Fiscalía, siendo la máxima de 12 años, para Junqueras

La Abogacía del Estado, que depende del ministerio de Justicia, no acusa de rebelión a los 18 líderes independentistas procesados, sino que aprecia posibles delitos de sedición y malversación. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se mostrase en contra de la imputación por rebelión a los líderes del 'procès', la Abogacía coincide en no apreciar el requisito de la violencia. Las penas de la Abogacía son sensiblemente inferiores a las reclamadas por la Fiscalía, siendo la máxima petición para Oriol Junqueras, de 12 años de cárcel, frente a los 25 que pide el Ministerio Público.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha instruido a la Abogacía General del Estado para que adopte las medidas necesarias para denunciar los ataques perpetrados contra intereses turísticos en Cataluña y Baleares, y se persone en las diligencias que ya estén abiertas en relación con estos hechos.

> La defensa a ultranza de la infanta Cristina arruina la reputación de Fiscalía y Abogacía del Estado

Usar las herramientas del Estado como son Fiscalía y Abogacía para defender los intereses de la hermana del Rey ha provocado un nuevo e irreparable daño entre los españoles, ya poco esperanzados en encontrar un sistema de Justicia que les satisfaga. Un sistema, por cierto, que costean con sus contribuciones. Y es que escuchar a la abogada del Estado Dolores Ripoll diciendo que la frase "Hacienda somos todos" es sólo un cuento publicitario ha indignado a la opinión pública.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la prisión permanente revisable, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la modificación del Código Penal, es inconstitucional.

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito esta mañana en el juzgado de Instrucción número 2 de Madrid en el que solicita ser tenida como parte en la investigación que se lleva a cabo contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'el pequeño Nicolás' por supuestos delitos de estafa y falsedad, han confirmado fuentes gubernamentales.

A pesar de que su imagen aparecía en un folleto promocional

La Abogacía del Estado se ha adherido al recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la Infanta Cristina únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública. Eso sí, argumenta su posición en que los responsables políticos "supuestamente influenciados" podían desconocer que la Infanta fuera vocal en Nóos.