Ya está hecho: el Congreso ha aprobado este jueves la primera ley de vivienda de la democracia, impulsada por el Gobierno de coalición y que ha salido adelante gracias al apoyo fundamental de Esquerra y Bildu.
De hecho, otros socios clave del Ejecutivo, como el PNV, ha votado en contra al considerar que invade competencias autonómicas y que la ley vasca sobre este sector es "superior". También se han posicionado en contra los diputados catalanes de Junts y PDeCat, que en 2019 concurrieron juntos pero que actualmente están separados.
En todo caso, el bloque de las derechas, compuesto por PP, Vox y Ciudadanos, fue el gran bloque opositor a la ley, criticando que la ley supondrá facilitar la actividad okupa y que la solución pasa por construir más viviendas y no intervenir el mercado del alquiler.
La votación salió adelante con 176 votos a favor por los 167 en contra de casi toda la oposición en bloque. Hubo una abstención y en total se emitieron 344 votos. Ahora se remite al Senado, donde se espera que pase el trámite sin problemas, ya que la izquierda tiene mayoría.
Tratada estos días como una materia clave en plena precampaña electora, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ausentó en la votación y también acudió para apoyar a su ministra Raquel Sánchez, titular de Transporte y Agenda Urbana e impulsora de la norma.
En todo caso, la bancada de Unidas Podemos celebró la aprobación como si fuera una de sus leyes, con un fuerte abrazo entre Ione Belarra e Irene Montero, ministras de Derechos Sociales e Igualdad, respectivamente, y líderes del partido morado. Al otro lado, la ahora enemistada con ellas Yolanda Díaz, hacía lo mismo con Raquel Sánchez, a la que dio 2 fuerte besos para felicitarla.
Qué supone y qué no trae la ley de vivienda
Podemos quiso a última hora imponer en la ley una serie de medidas contra el alquiler de pisos turísticos en zonas tensionadas de las ciudades, pero no tuvo éxito y el PSOE la desestimó, por lo que no se tomó en consideración que pudiera prosperar.
Entre otras medidas, la ley es una extensión natural de las medidas anticrisis durante la pandemia, a menudo conocidas como 'escudo social', ya que se insiste en poner límites a los precios del alquiler en sus renovaciones o también se incide en más seguridad para las familias vulnerables de cara a posibles desahucios. También impulsa la vivienda pública con más medidas para la construcción de casas y garantiza la vivienda como un "derecho" fundamental, recogido como tal en la Constitución.
Para la oposición se trata de una legislación negativa porque supondrá el encarecimiento de la vivienda en alquiler y facilitará a los okupas su actividad de asalto a las viviendas vacías.
Si (
No(
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