El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha acordado abrir una pieza separada tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en relación con los pagos en metálico.
Esos pagos fueron realizados al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Los pagos en el PSOE
En la documentación enviada por el Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano.
Adjunta igualmente la parte del informe de la UCO del 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº2 ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.
El juez Leopoldo Puente explicó en un auto el 31 de octubre que el informe de la UCO revelaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en efectivo del PSOE a favor de Ábalos o Koldo. Estos movimientos de dinero, señala el magistrado, no se corresponden, ni por fechas ni por importes, con la información que el PSOE facilitó en la causa. Además, ni Ábalos ni Koldo García ofrecieron "información alguna" al respecto en sus comparecencias ante el juez, en las que se acogieron a su derecho a no declarar.
Trama de las mascarillas
Este lunes supimos que el juez magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictaba auto de procedimiento abreviado contra Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se les investigaba.
Versaba, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El instructor mantiene que se han encontrado indicios muy sólidos, basados en hechos presuntamente justificados, de que Víctor de Aldama entregó cantidades de dinero consecutivas a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García. El objetivo de estos pagos era que ambos ejecutaran acciones contrarias a las obligaciones inherentes a sus respectivos cargos públicos.
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