La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido un auto en el que decide plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Este paso se toma en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el marco del conocido 'caso de los ERE de Andalucía',
El auto, fechado el 14 de julio y notificado este martes a las partes involucradas, establece que no cabe recurso alguno contra esta decisión. Además, los magistrados han acordado "suspender la tramitación de la causa, en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional", hasta recibir respuesta del TJUE. Esta suspensión afecta específicamente a los acusados relacionados con la cuestión prejudicial planteada.
Compatibilidad con el Derecho Europeo
El tribunal considera "imprescindible" formular esta cuestión prejudicial para que pueda decidirse adecuadamente sobre los requerimientos derivados de las sentencias del Constitucional. Según los magistrados, existen dudas significativas sobre si estas resoluciones se ajustan al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE. El objetivo es evitar que, como consecuencia de la doctrina aplicada en dichas sentencias, se genere un "riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares". Asimismo, buscan "salvaguardar los intereses financieros de la UE".
En su razonamiento, los magistrados señalan que, dependiendo de la respuesta del TJUE, la Sección Primera deberá dictar nuevas sentencias. Estas deberán atender tanto a lo expresado por el Constitucional como a las dudas planteadas sobre la adaptación de dichas resoluciones al Derecho de la Unión. En caso necesario, podrían dejar sin efecto las sentencias del Constitucional si entran en conflicto con el Derecho Europeo. Todo ello busca garantizar "la eficacia plena de las exigencias de ese Derecho en el litigio del que conoce, en virtud de su primacía".
Sentencias del Tribunal Constitucional
El tribunal realiza un análisis detallado de las sentencias emitidas por el TC, que anularon parcialmente las dictadas previamente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. Estas últimas fueron objeto de retroacción al momento anterior al dictado de la sentencia de instancia, con el fin de que la Audiencia emita un nuevo pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental a la legalidad penal, considerado vulnerado. Sin embargo, los magistrados advierten que estas decisiones imponen una interpretación restrictiva del concepto de "fraude que afecta a los intereses financieros de la UE" en relación con el delito de malversación de fondos públicos.
Esta interpretación podría llevar a la absolución o reducción casi total de las penas impuestas a los condenados, generando un escenario de impunidad para los delitos cometidos entre 2000 y 2009 por altos cargos y responsables políticos de la Junta de Andalucía, así como sus colaboradores. La Sección Primera alerta de que, con ello, las sentencias del Constitucional podrían haber invadido el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantado la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Esto podría haber causado un "daño institucional difícilmente reparable" al modificar criterios interpretativos clave sobre la descripción de conductas delictivas.
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