El Banco de España advierte de los posibles efectos "adversos" de la nueva ley de vivienda

El Banco de España ha respaldado la futura Ley por el Derecho a la Vivienda y su "énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler", pero también ha cuestionado algunas medidas, como el control de rentas, que piensa que "podría generar efectos indeseados a medio plazo".

Además, el director general de Economía y Estadística de la entidad, Ángel Gavilán, ha advertido de que las medidas coyunturales, como los créditos ICO para las hipotecas, tampoco son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda", ya que se está hablando de un problema "estructural".

"Es un problema que tiene muchas aristas. No hay ninguna solución que lo resuelva de manera inmediata", ha señalado Gavilán, que también ha indicado que la tendencia de vivienda en propiedad en España ha bajado mucho en los últimos años, especialmente entre los jóvenes, y esto ha creado "un aumento de la desigualdad", como consta en el Informe Anual de 2022 del Banco de España.

En ese documento, la entidad hace referencia a que "existe evidencia de que un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a reducir la desigualdad de la riqueza", algo que pasaba en el pasado en España; ya que la tenencia de activos reales, en especial, de la vivienda principal; era más normal que en otras economías europeas.

Sin embargo, desde 2014 se ha visto un cambio en esa tendencia, como consecuencia de la "acusada reducción del porcentaje de hogares propietarios de vivienda", especialmente entre los jóvenes.

La menor posesión de viviendas crea más desigualdad

Entre los años 2011 y 2021, el número de hogares españoles cuya residencia habitual no es una vivienda en propiedad aumentó en 4,2 puntos, hasta el 24,2%. A pesar de esta subida, la cifra sigue por debajo del 34,2% de la zona euro, tal y como indica el Banco de España en su informe.

Esta subida en la demanda de alquileres también se ha visto reflejada en los precios que, si se comparan con las rentas de trabajo, han aumentado la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios.

De esta manera, como se pone en el texto la entidad, en 2021 un 48,9% de los hogares españoles que vivían en viviendas en alquiler estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el porcentaje más alto de toda la Unión Europea (UE). Por otra parte, el 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente al 21,2% del promedio de la UE.

"El aumento de la demanda de alquiler entre los colectivos con menor renta está relacionado con la situación del mercado laboral y los criterios de concesión de crédito hipotecario. La residencia en viviendas de alquiler es relativamente mayor en los trabajadores asalariados sin contratos a tiempo completo y entre los desempleados", indica el texto.

El Banco de España también ha citado la tendencia alcista de las rentas del alquiler tras la pandemia. Aunque hubo caídas del 3,5% al 4% entre 2020 y 2021, estas se revirtieron en 2022, con repuntes de entre el 7% y el 7,5%.

Los efectos "adversos" de la Ley de Vivienda

Por otra parte, el informe advierte de que "el reciente dinamismo de los precios del alquiler se produce en un contexto de oferta restringida por el limitado aumento de la provisión pública de alquiler social y la aparición de usos alternativos de la vivienda residencial". Según estimaciones hechas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el parque de vivienda de alquiler social de titularidad pública contiene alrededor de 290.000 inmuebles, en los que residirían el 1,6% de los hogares.

Según el Banco de España, las causas de la subida de las rentas están en el alza de las viviendas turísticas; lo que supone un 1,2% del parque total; y también en la aparición de nuevas formas de arrendamiento por períodos inferiores a un año en mercados en los que hay una elevada demanda de vivienda residencial.

En este contexto, la entidad comenta que la futura Ley de Vivienda apunta al aumento de la oferta de vivienda, pero que tiene medidas que podrían generar "efectos adversos" a largo plazo, tales como la reducción del número y de la calidad de las viviendas disponibles en el mercado, a los cambios en la composición de la oferta y subida de precios en segmentos no regulados.

"La literatura económica ha señalado que, si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario", se indica en el documento.