La eurodiputada Clara Ponsatí ha regresado a España sin entregarse a las autoridades, pese a su orden de detención, después de 5 años en el exilio entre Escocia y Bélgica.
"Si hay detención, ya veremos cómo reaccionamos. Sería una detención por tomarme declaración, no por encarcelarme", ha señalado Ponsatí en una rueda de prensa en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña, en Barcelona.
En dicha comparecencia, la eurodiputada ha asegurado que no ha vuelto a Cataluña "a pactar, sino a plantar cara". Preguntada por el día que ha elegido para volver, ha bromeado diciendo que le "iba bien", si bien ha recordado que este martes hace 5 años que la detuvieron en Escocia tras el 1-O.
Además, Ponsatí ha presentado la web 'estatdedret.cat', un proyecto en el que asegura que lleva meses trabajando, y que es "un inventario de la persecución nacional contra Cataluña", y ha indicado que el portal ha registrado 1.000 casos de supuesta vulneración desde 2003 hasta 2023.
"JxCat expresa todo su apoyo a la consellera Clara Ponsatí en su decisión de volver a Cataluña, una decisión enmarcada en la confrontación inteligente", ha afirmado el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un vídeo difundido en redes.
Pontasí es actualmente miembro del Parlamento Europeo por Junts, pero tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre, pero su defensa confía en que no sea detenida por la inmunidad europarlamentaria, si bien al mismo tiempo en su entorno asumen que podría ser arrestada.
Por eso, para Turull, "una hipotética detención de la consellera demostraría la desproporción de las decisiones del Tribunal Supremo, ordenando la detención de una persona que nunca ha sido citada a declarar y, además, por un delito que no supone penas de cárcel".
Se sustituyó el delito de sedición por el de desobediencia
La europarlamentaria catalana ha dado este paso después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tuviera que revisar el procesamiento por el 1-O de Puigdemont, los ex consellers Toni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a raíz de la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición, modificó el de malversación y creó uno de desórdenes públicos agravados.
El juez ratificó el pasado 12 de enero el procesamiento en rebeldía de Ponsatí, pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, debido a la derogación del mismo. Además, dejó sin efecto la busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores y dictó una nueva orden de detención contra ella para tomarle declaración.
Por esas mismas fechas, Ponsatí explicó que preveía volver a Cataluña "lo antes posible", pero que no se presentaría ante el TS al asegurar que no reconocía la jurisdicción del juez Pablo Llarena, por lo que desconocía si iba a ser detenida.
"Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos", afirmó la ex consellera.
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