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Inés Sabanés y Manuela Carmena
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Inés Sabanés y Manuela Carmena (Foto: Javier Bernardo)

La justicia sentencia que la compra de 'Bicimad' por parte del Ayuntamiento de Carmena fue legal

viernes 31 de mayo de 2019, 10:05h
La compra de 'Bicimad' por parte del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena se hizo conforme a derecho. Así lo ha entendido el juzgado de instrucción número 52 de Madrid que ha desestimado la denuncia puesta por el PP.

El juzgado de instrucción número 52 de Madrid ha desestimado la denuncia del PP contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, relativa a la adquisición municipal de 'Bicimad'.

El auto judicial del que da cuenta 'El País' tumba los argumentos de los populares que consideraban que se malgastó el dinero público por pagar una cantidad injustificada por su compra.

El sistema de alquiler de bicicletas fue inaugurado por el Ayuntamiento del PP de Ana Botella a través de la concesionaria Bonopark en 2014, pero menos de un año después el sistema era una ruina y tuvo que ser rescatado.

Si bien la empresa solicitó una inyección de capital de 3,6 millones para recuperarse, el consistorio optó por municipalizar el servicio y hacerse con él por 10,5 millones de euros más IVA.

El PP consideró que esa cifra era arbitraria y suponía un despilfarro de dinero público, sin embargo la justicia ha dictaminado ahora que el proceso de compra se realizó acorde a la legalidad puesto que la valoración del servicio que realizó la EMT era correcta y no se omitió ningún trámite esencial del procedimiento.

Esta sentencia exonera así políticamente a la todavía regidora de la capital, Manuela Carmena, de uno de los flecos más polémicos de su mandato.

Una sentencia que llega justo la misma semana que el ex ministro de Justicia del PP, ex alcalde y ex presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, veía como los tribunales archivaban su vinculación con el 'caso Lezo'. Si bien en este caso, la justicia únicamente consideró que él no tuvo conocimiento directo de la operación investigada, pero sí juzgará a 22 personas por las irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de adquisición por parte del ente público canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa.

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