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Anticorrupción pide 8 años de cárcel para la cúpula del PPCV por financiación irregular

Anticorrupción pide 8 años de cárcel para la cúpula del PPCV por financiación irregular

> Se les acusa de delito electoral y falsedad documental dentro del 'caso Gürtel'

viernes 13 de febrero de 2015, 11:14h
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por delito electoral y falsedad documental dentro del 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Así se desprende de la calificación del ministerio público, que presentó este jueves --un día antes de que finalizara el plazo para hacerlo-- y que se enmarca en las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal.

Las dos primeras piezas del caso Gürtel se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. Mientras que la pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.

La Fiscalía considera a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (exdiputado autonómico) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental entre esos dos ejercicios.

Según Anticorrupción, el PPCV preparó esas campañas electorales contratando con Orange Market, una de las principales empresas investigadas en la trama Gürtel, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Los servicios prestados por Orange Market, que entonces dirigía en Valencia Álvaro Pérez "el Bigotes", al PPCV con motivo de las elecciones de 2007 que no fueron facturados o declarados fueron al menos de 1.234.100 euros, mientras que en las de 2008 ascendieron a 801.810 euros, según los cálculos de la Fiscalía.
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