El Congreso y la Fiscalía quieren investigar los abusos a menores en la Iglesia

Los abogados del Congreso de los Diputados han dado luz verde a la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia. La Fiscalía General del Estado también ha anunciado que investigará dichos abusos.

La iniciativa del bloque progresista del Congreso ha obtenido el beneplácito de los servicios jurídicos de la Cámara Baja y se analizará hoy en la Mesa del Congreso para posteriormente pasarla a la Junta de Portavoces y poner una fecha a su debate en la cámara.

El PSOE ha anunciado que votará a favor, por lo que la propuesta pasará el primer trámite y sería la Junta de Portavoces quien ya decida, por mayoría, si finalmente se crea la comisión y cuándo. En este proceso es precisamente donde varias propuestas del estilo han caído. PP y Vox son los que inicialmente ya se han mostrado en contra al considerar que la Iglesia no puede someterse al control del Gobierno.

La Fiscalía también actuará contra los presuntos abusos de la Iglesia

Según han corroborado fuentes jurídicas a RTVE, Dolores Delgado, la fiscal General del Estado, ha solicitado a las fiscalías autonómicas que en un plazo de 10 días remitan todos los casos que estén en tramitación sobre abusos y agresiones sexuales a menores llevados a cabo por religiosos.

La orden supone el inicio de una amplia investigación a corto plazo, aunque tal y como ha adelantado 'El País', no se analizarán todos los delitos cometidos en el seno de la Iglesia ya que, aunque la propia institución ha reconocido tener conocimiento de casos de pederastia desde 2001, algunos de estos no llegan a la Justicia civil y se resuelven mediante procesos eclesiásticos.

En 2019 la Fiscalía ya advirtió que las medidas para denunciar y evitar este tipo de abusos eran "deficientes" y urgió a llevar cada posible caso ante la Justicia evitando "comprobaciones o filtros internos de verificación".

Subrayó también entonces que son las autoridades públicas las que deben "velar por la protección de los menores afectados" y formular la correspondiente denuncia cuando existan indicios.