El Gobierno ha decidido desoír al Consejo de Estado y recurrir al Tribunal Constitucional la resolución antimonárquica que aprobó el Parlament de Cataluña por el papel que jugó el rey Felipe VI tras la consulta secesionista del 1-O.
Si bien el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desaconsejado al Gobierno llevar al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña, la ministra de Educación y portavoz del ejecutivo, Isabel Celáa, ha recordado a la prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que la opinión del máximo órgano asesor del gobierno no es jurídicamente vinculante. Celaá ha manifestado la discrepancia del ejecutivo con la argumentación del Consejo de Estado y ha defendido la decisión de acudir al Tribunal Constitucional por "sentido de Estado".
El Gobierno considera que la resolución del Parlament es "un nuevo intento, como otros anteriores, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotéticala república". Asimismo, considera que se trata de un "ataque injustificado a la figura del rey" y que supone una "extralimitación" competencial de la asamblea catalana que vulnera la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó esta semana en el Congreso que el ejecutivo pretendía seguir adelante con el recurso a la resolución del Parlament de Cataluña que reprobó al monarca y así se ha materializado este viernes desoyendo las recomendaciones del Consejo de Estado.
Informe del Consejo de Estado
El Consejo de Estado defendía en su dictamen, dado a conocer por 'La Vanguardia', que la resolución antimonárquica del Parlament de Cataluña en la que reprobaba al rey Felipe VI por su actuación tras el 1-O es una mera declaración política que no merece ser recurrida al Tribunal Constitucional. Si bien apreciaba en esta resolución una grave deslealtad institucional, consideraba que su respuesta debía circunscribirse al ámbito político.
El Consejo de Estado considera que la resolución del parlamento catalán carece de efectos jurídicos por tratarse de una mera declaración política y no debería ser recurrida al Tribunal Constitucional que ya se ha pronunciado sobre situaciones similares.
Si bien el órgano asesor aprecia que la resolución degrada la forma política del Estado español, y entiende que Felipe VI, en todo momento, actuó en su discurso posterior al 1-O dentro de sus competencias, aprecia también que el Parlament cuenta con competencia para expresar su disconformidad con la actuación del jefe del Estado.
- Moncloa se enfrentará al Parlament por reprobar al rey Felipe VI y pedir el fin de la monarquía
- El lapsus de Pedro Sánchez sobre el rey Felipe... ¿II o VI?
Si (
No(
