El Ministerio de Consumo instó a 7 plataformas de alojamiento vacacional a eliminar 138 anuncios. Las propiedades publicitadas se ubican en territorio palestino ocupado por Israel.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy llevó a cabo una investigación para recopilar estas ofertas. Detectó que 7 plataformas de intermediación que operan en España ofertan estos servicios.
El Ministerio envió un primer requerimiento a estas multinacionales, que no nombra. En él les informa de la detección de contenido ilícito relativo a comunicaciones comerciales en zonas ocupadas.
Consumo solicitó la inmediata retirada o el bloqueo de dichas ofertas. Si las empresas no cumplen con la exigencia en España, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones legales por parte del Ejecutivo.
Genocidio en Gaza y apoyo a Palestina
Este requerimiento se apoya en el Real Decreto-ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. El artículo 4 de esta norma establece que la publicidad de bienes o servicios de asentamientos israelíes en territorio ocupado es ilícita.
Los anuncios identificados corresponden a localidades de más de 200 códigos postales de asentamientos. El Boletín Oficial del Estado publicó este lunes el listado detallado de dichas zonas.
El Gobierno justificó la medida por la necesidad de aliviar el sufrimiento de la población palestina. Además, recordó la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024.
Dicho tribunal concluyó que los Estados deben impedir relaciones comerciales que mantengan la situación ilegal creada por Israel. El Ministerio considera que estos alojamientos contribuyen a la normalización de un régimen colonial ilegal.
Denuncias internacionales
La decisión de España coincide con acciones similares en otros países europeos. En noviembre de 2025, la asociación JURDI presentó una demanda en Francia contra un conocido servicio de alquiler turístico por estos mismos motivos.
Amnistía Internacional y diversas ONG denunciaron públicamente a las plataformas por lucrarse con propiedades en suelo ocupado. Según el derecho internacional, estas actividades económicas vulneran los derechos de la población local.
El Ejecutivo subrayó que las violaciones cometidas por Israel tienen consecuencias jurídicas para toda la comunidad internacional. Por ello, España actúa como garante del cumplimiento de las obligaciones dictadas por la Corte Internacional.
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