El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que refuerza la protección de las personas jugadoras más vulnerables e implica a los operadores de juegos de azar y apuestas en la prevención y sensibilización, con una treintena de medidas, entre las que se incluye la no aceptación de tarjetas de crédito de los jugadores vulnerables, advertencias de los peligros del juego, o la imposición de multas de hasta 50 millones de euros para las operadores si se incumple la normativa.
En un tuit, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha incidido en que el Gobierno pone en marcha así una treintena de medidas para minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas.
Las medidas de la nueva norma están dirigidas principalmente jóvenes entre 18 y 25 años, por estar considerados como más "sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados", aunque también se reforzará la protección de otros perfiles vulnerables, como sería el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.
El Ministerio de Consumo desarrolla estas medidas tras el real decreto que reguló la publicidad de juegos de azar y apuestas. Según ha explicado el departamento que dirige Garzón, "se trata, de garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores".
¿Quiénes se consideran jugadores vulnerables?
De acuerdo con el real decreto, se considerará jugador vulnerable aquella persona que acumule pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de 3 semanas seguidas.
También serán considerados así quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).
Pero además de estas medidas para los considerados vulnerables, el real decreto contempla también medidas de protección general para cualquier jugador con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego.
El real decreto aprueba más de 30 medidas
Con el real decreto, las empresas del sector estarán obligadas a "promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de los jugadores".
Así, entre las nuevas obligaciones, destacan la remisión de un mensaje específico que alerte de la conducta de riesgo detectada o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos.
Además, los jugadores en situación de riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica (sólo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad).
Y a los jugadores vulnerables también se les excluirá de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados, por lo que ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego.
Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 años actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma. Por ejemplo, invitaciones a partidos, entradas para espectáculos, ni tampoco podrán incluirlos en programas vip de fidelización.
Los operadores también están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía.
Por supuesto, las personas autoexcluidas y autoprohibidas tampoco recibirán comunicaciones comerciales y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.
Las empresas del sector tendrán que incluir en sus respectivas webs y aplicaciones de información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.
Asimismo, será obligatorio que cuenten con un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgos y este no podrá ser de tarificación especial.
Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tampoco podrán emitir mensajes como "casi acertaste" o "estuviste cerca" para propiciar una nueva apuesta o juego al terminar una partida. Y, para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego (frecuencia, cuantías, modificaciones en los límites de depósito).
Sanciones para las empresas que no cumplan
El incumplimiento de las medidas contempladas en el real decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo. Para las infracciones graves las multas ascienden hasta 1 millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante 6 meses.
En el caso de las muy graves, las sanciones se elevan hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego.
La entrada en vigor general de la norma es de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican, tendrán un plazo de 12 meses.
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