El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado, en declaraciones en el Congreso, que ha remitido una carta a la presidencia de la Unión Europea solicitando la modificación del Reglamento que regula el uso de las lenguas en la Unión Europea, el reglamento 1/58, para que se incluyan el catalán, el euskera y el gallego como lenguas cooficiales.
La petición va dirigida a la Presidencia de la Unión, que este semestre ostenta precisamente España, algo que, a juicio de ministro, es habitual, no una excepción.
La carta lleva copia dirigida a la secretaria general del Consejo, para que se incluya en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, que tendrá lugar el 19 de septiembre.
Europa examina la petición
Las instituciones europeas han empezado a examinar la solicitud de España para que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea (UE), un proceso que podría demorarse años hasta lograr el estatus completo, como ya le sucedió al gaélico.
La petición, que se ha producido en virtud del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para que facilitar que la socialista Francina Armengol presida el Congreso, ha sido enviada por carta por el Consejo de la UE, que afirma que "la estudiará".
Sin embargo, no es la primera vez que se solicita en Bruselas la inclusión de las lenguas cooficiales. En 2022, el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos de la institución, una solicitud para la que la Mesa de la Eurocámara lleva meses esperando un informe de los servicios parlamentarios sobre las implicaciones que tendría para su día a día, desde los departamentos de traducción e interpretación hasta los de infraestructuras o finanzas.
El proceso para convertir a estas 3 lenguas en idiomas oficiales de la UE no tiene que ver con el abierto en la Eurocámara y va más allá de lo que solicitaba Madrid en 2022.
En 2005, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a las instituciones europeas ofreciendo firmar convenios para que se pudieran usar las lenguas cooficiales españolas, incluido también el valenciano.
Se consiguieron entonces en todas las instituciones salvo el Parlamento, donde la petición creó "una discusión política muy fuerte" y la Mesa del Parlamento, con mayoría de populares y liberales, lo trató hasta en 3 ocasiones con Josep Borrell como presidente de la institución empujando por el 'sí'.
La Eurocámara argumentó que era el año posterior a la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha y que estaba teniendo problemas para ofrecer la interpretación a las nuevas lenguas que sí eran oficiales.
Aunque sí se reconoció por escrito el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Eurocámara en estas lenguas y se previó revisar la decisión al año siguiente, algo que nunca se llegó hacer.
Unanimidad de todos los países de la Unión Europea
Pese al reconocimiento de que el paso dado por el Gobierno en funciones, y en concreto por el Ministerio de Exteriores, responde al acuerdo con Junts, Albares quitó importancia a la cesión realizada al partido independentista, porque, según dijo, "esas tres lenguas ya se usan, mediante acuerdos administrativos, en la práctica totalidad de las instituciones europeas", y sólamente quedaban fuera el Parlamento Europeo, aunque ya había un derecho de petición, y el uso en algún comité.
El reglamento que regula el régimen lingüístico data de 1958 y se ha ido enmendando con las sucesivas ampliaciones de la UE, pasando de 4 lenguas oficiales en un primer momento (neerlandés, francés, alemán e italiano) a las 24 actuales. Cualquier cambio de este reglamento debe ser decidido por unanimidad de los Estados miembros.
Todavía no está claro en qué punto llegará la petición para esa reunión del próximo 19 de septiembre: si ese día sería objeto de un primer debate político entre los ministros o se produciría ya una votación.
Convertir el catalán, euskera y gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea supondría traducir a estos idiomas no sólo los tratados y toda la documentación y legislación que se produzca a partir de ahora, sino también todo el acervo de los últimos 65 años de proyecto europeo, desde directivas a sanciones pasando por reglamentos o acuerdos interinstitucionales.
La inmensa mayoría de las lenguas oficiales en la Unión Europea lo son a través de la entrada de su Estado miembro en el club comunitario: fue el caso del español en 1986 o el inglés en 1973.
La última lengua en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE.
La excepción del gaélico
La excepción notable a esta regla es el caso del gaélico, que con la adhesión de Irlanda a la Unión Europea en 1973 se convirtió en una lengua de tratado en lugar de lengua oficial: esto implicó que sólo los tratados y ningún otro documento o legislación comunitarios se tradujeron entonces al gaélico.
En 2005, Irlanda solicitó que el gaélico alcanzase el estatus de lengua oficial, lo cual fue aprobado en 2007.
No obstante, al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos en gaélico, se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022.
Dicha derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose y desde 2022, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.
Si (
No(
A favor (
En contra (
