La reforma de la ley del aborto, que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, avanza en su tramitación después de que la Comisión de Igualdad del Congreso haya aprobado este martes el dictamen de la ponencia con algunas modificaciones al texto inicial.
Todos los grupos parlamentarios han aprobado la reforma, a excepción de PP, Vox y Ciudadanos. El texto, que antes de ser enviado al Senado, tendrá que pasar por el Pleno de la Cámara Baja, garantiza el aborto en la sanidad pública, regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y se han incluido en el mismo las bajas por menstruación incapacitante.
La futura norma, que blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ha incorporado durante la fase de ponencia varias enmiendas de los grupos, como la que impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.
Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá "recurrir en vía jurisdiccional" su decisión en caso de no estar de acuerdo, según una enmienda incorporada de Unidas Podemos.
Además, con las enmiendas introducidas, la ley contempla que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no se discrimine ni a los sanitarios no objetores, "evitando que se vean relegados en exclusiva" a la práctica de abortos, ni a los que lo son.
También han incorporado la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, en la práctica clínica del aborto.
En caso de discrepancia, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial
Otra de las modificaciones señala que en caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que esta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con "carácter urgente", precepto que ya estaba establecido en la ley de autonomía del paciente, pero que en la del aborto se precisa que se trata por esa vía de urgencia.
Las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida, según el dictamen aprobado que recoge que las mujeres tendrán una atención integral durante todo el proceso de aborto, con recursos de acompañamiento y atención especializada, "en particular de acompañamiento psicológico específico",detalla el texto.
Asimismo, reafirma la prohibición de los anuncios de prostitución y fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual.
Y a propuesta del PP, se ha modificado en el texto inicial la expresión "salud menstrual", por el de "salud durante la menstruación".
Las personas con discapacidad contarán también con una atención específica para garantizar su derecho a la salud sexual y reproductiva, y el texto aprobado considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada.
Incluye asimismo nuevas definiciones como la esterilización forozosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo
El PP considera que es una medida "innecesaria e inoportuna"
Desde el PP han argumentado su postura en contra señalando lo "innecesario" e "inoportuno" de la misma. Los 'populares', a través de su portavoz en este debate, Marta González, han señalado que esta norma tiene "problemas de fondo" como es, a su juicio, el registro de facultativos objetores o la intención de que los abortos se produzcan en los centros públicos.
Considerando a su vez que la redacción "rezuma hostilidad hacia las profesiones sanitarias", pero también que recoge problemas "inventados" por el Gobierno, como la "salud menstrual" o la "gestión de la pobreza menstrual".
Vox, por su parte, ha apuntado que no votará a favor de una norma que "reconoce el aborto como un derecho humano" y que "configura" la interrupción de la gestación como único recurso ante un embarazo imprevisto.
También se ha mostrado en contra de la retirada de los 3 días de reflexión de las mujeres que solicitan esta práctica, de que la objeción se incluya como derecho individual y no fundamental y que no se incluya a los farmacéuticos entre los profesionales con este derecho.
Mientras, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha mostrado su contrariedad a que esta iniciativa incluya la gestación subrogada como práctica de violencia contra la mujer.
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