La Fiscalía Europea archiva el caso del contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea ha archivado la investigación que abrió hace unos meses por el contrato por valor de 1,5 millones de euros para la compra de 250.000 mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid, vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha informado el propio organismo, el archivo del caso sucede tras "una exhaustiva investigación" tras la cual "no ha quedado acreditado" que el precio abonado por el suministro de las mascarillas fuera desproporcionado.

La decisión fue tomada el pasado 6 de marzo de 2023, en la Sala Permanente de la Justicia Europea, a propuesta de los fiscales europeos delegados y en acuerdo con la fiscal europea supervisora en España, Concepción Sabadell.

La supervisora explicó en el comunicado que, tras asumir la investigación del contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid para la compra de 250.000 mascarillas FFP2-3, los fiscales europeos tomaron diversas declaraciones, analizaron documentación y comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas.

Quienes a su vez requirieron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el Sermas y la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor); recabaron informes de la Guardia Civil y nombraron un perito que examinó toda la documentación.

Archivado por no haber indicios de delito

Finalmente, se procedió al archivo del procedimiento por "no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", precisa la Fiscalía Europea, que añade que "no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado".

Asimismo, tampoco han considerado que el precio hubiera sufrido un incremento "indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa" y concluyeron que también quedó acreditado el transporte, el cual fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid.

La propuesta de archivo ha sido valorada y confirmada por 3 fiscales europeos de diferentes Estados miembro.